El juez llega a esta conclusión tras analizar las investigaciones policiales y judiciales y después de tomar declaración a una decena de personas, entre ellas el gerente del complejo, Carlos Emparan, otros cargos y responsables de los servicios de documentación e informática, trabajadores, ex trabajadores y responsables de la constructora responsable de las obras de reforma. En este sentido, la apertura de diligencias previas judiciales vino motivada por el atestado de la Guardia Civil tras el hallazgo de los papeles en un vertedero. Por su parte, el informe del fiscal pedía el sobreseimiento de las actuaciones, como ha decidido el juez, ante la existencia de dos hipótesis: la primera, que la aparición de los papeles clínicos obedeciese a una maniobra de desprestigio por parte del personal del propio Hospital, y una segunda que vinculaba el caso a un descuido con motivo de las obras.

El propio Ministerio Fiscal considera menos probable la primera de la hipótesis y aclara que, en todo caso, sería «muy difícil identificar al autor», y se inclina por una «negligencia del personal encargado de desalojar Urgencias antes del inicio de las obras como origen de la aparición de los documentos en una escombrera», lo que no encajaría en el castigo de modalidades dolosas descritas en el Código Penal.

En este mismo sentido, el juez deja claro que los hechos sólo podrían ser merecedores de dos tipos penales: revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos, pero concluye para ambos casos que «no se ha evidenciado suficientemente ningún elemento intencional imputable a persona determinada».

Dichas conclusiones las fundamenta el juez en las declaraciones de una decena de testigos y en las pruebas dactiloscópicas tomadas de la documentación hallada con resultado negativo: «Cualquiera que sea la hipótesis entre las aludidas por el Ministerio Público (negligencia en las custodia y gestión documental o complot dirigido a desacreditar la imagen de la Fundación Hospital de Calahorra) no existen suficientes elementos que permitan continuar la tramitación del procedimiento en aras del enjuiciamiento de cualquiera de ellas ni se ha logrado identificar al autor o autores concretos y determinados a quienes deba imputárseles su causación».