La operación, conocida por 'Fado', se inició a primeros de mayo, cuando dos temporeros portugueses realizaron sendas denuncias en la Jefatura de Policía de La Rioja. En las mismas señalaban que llevaban trabajando cuatro y cinco años, respectivamente, en la Rioja, y que estaban alojados en el domicilio de una mujer portuguesa en Hormilleja. Según relataron, la mujer pertenecía a un grupo familiar portugués, al que entregaban todo el dinero que ganaban y del que a su vez recibían amenazas y agresiones físicas.

El 'modus operandi' del grupo consistía en que, de forma organizada y coordinada captaban trabajadores en Portugal, principalmente en zonas y barrios deprimidos, en los que las personas que habitan son de bajo nivel cultural y con escasos recursos económicos, a los que les ofrecían trabajo en La Rioja, alojamiento en las casas de este grupo familiar y manutención diaria.

Una vez que llegaban a un acuerdo, miembros de ese grupo familiar trasladaban desde Portugal a La Rioja a estos trabajadores, a los que, en contra de las condiciones laborales y de alojamiento que con ellos habían acordado, les alojaban en habitáculos en malas condiciones. Les daban poco y mal de comer, estableciéndose rápidamente una relación con el contratante que pasa a ser de «capataz-esclavo», dado que o bien el dinero que percibían por el trabajo realizado era cobrado por los miembros de esta familia, apropiándose de un altísimo porcentaje de los salarios, o los trabajadores-esclavos eran obligados bajo amenazas o agresiones físicas a entregar casi todo el dinero.

En libertad

Las viviendas en las que residían -dos en Santa Coloma y otras dos en Hormilleja- estaban distribuidas con dos partes perfectamente diferenciadas: una de ellas, donde vivían los miembros del clan familiar, bien arreglada y con todas las comodidades posibles; en la otra parte de la casa, sin más comodidades que la de un catre, alojaban a los trabajadores.

El clan se repartía las funciones. Así, los hombres trasladaban diariamente a los trabajadores al lugar de trabajo en turismos de alta gama y todoterrenos de gran cilindrada. Mientras, las mujeres hacían la comida para estos trabajadores, distinta a la de sus familiares, buscaban trabajo para colocarlos, cobraban sus sueldos e igualmente participan en las amenazas y agresiones a estas personas.

Los 8 integrantes del clan detenidos fueron puestos ante el juez, quien decretó su puesta en libertad, pero les prohibió salir de España y les impuso la obligación de presentarse en el juzgado todas las semanas.