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Viernes, 7 de julio de 2006
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REGIÓN
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El PSOE solicitará la protección del Pico del Águila, en Lardero, ante los planes para su urbanización
Ortega acusa al Gobierno riojano de «incumplir la ley» al «impedir» que su partido tenga conocimiento de la recalificación durante la fase de consultas medioambientales abierta por la Consejería de Política Territorial
El PSOE solicitará al Gobierno riojano que otorgue alguna figura de protección medioambiental de las previstas en la Ley de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja al paraje conocido como 'La Dehesa' o 'Pico del Águila', una zona de monte de Lardero cuya recalificación promueve el Ayuntamiento de la localidad para convertirla en suelo urbanizable.
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La petición para conservar el enclave se incluirá en las alegaciones que presenten los socialistas riojanos una vez que el Ayuntamiento de Lardero saque a exposición pública la modificación del Plan General. En sus objeciones a esta operación urbanística, que afecta a unos 2 millones de metros cuadrados, el PSOE hará constar que «no hay justificación medioambiental ni social para la recalificación de 'La Dehesa'».

Así lo anunció ayer la diputada regional del principal partido de la oposición, Inmaculada Ortega, quien avanzó que también rechazan la recalificación porque «se privará a los ciudadanos de un área medioambiental que está en buen estado» para dar paso «a la especulación y a los intereses privados». Ortega recordó que se trata de «la única zona de matorral mediterráneo» que se conserva en la zona baja del Iregua. «No sería lógico -añadió- que se parasitara el parque de La Grajera y se urbanizara su entorno».

La diputada reiteró sus quejas en el sentido de que el Gobierno de La Rioja «ha impedido» a su partido conocer los detalles de la recalificación en la fase de consultas que abre la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial para que distintas instituciones y colectivos hagan sugerencias de contenido medioambiental. Según Ortega, a diferencia de otras actuaciones urbanísticas en municipios riojanos, en el caso de Lardero «el Gobierno riojano no nos ha informado» e «incumple la ley».



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