La reunión entre Patxi López y Rodolfo Ares, por un lado, y Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria, por el otro, oficializó ayer el prolongado período de contactos que socialistas vascos han venido manteniendo con líderes de la izquierda abertzale a lo largo de los últimos años. La brevedad del encuentro y su falta de novedades vinieron a confirmar que se trataba de ritualizar la rehabilitación de facto de una organización política que mantiene sus actividades suspendidas por orden judicial. El auto del juez Garzón, permitiendo la reunión, había añadido a ese reconocimiento formal un cierto aval judicial considerando que la cita trataba de «evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose». Es de desear que las querellas anunciadas al término del encuentro den pie a resoluciones judiciales que esclarezcan al máximo los hechos desde el punto de vista legal. Pero esta anómala situación, en la que la diferenciación entre lo lícito y lo ilícito ha dependido hasta ahora de criterios cambiantes, podría comportar serios perjuicios para la coherencia en que ha de desenvolverse el Estado de derecho si la izquierda abertzale no se deshace con prontitud del lastre que supone Batasuna y se compromete colectivamente en recuperar la legalidad sometiéndose a lo dispuesto en la Ley de Partidos. En cualquier caso, resulta una exageración concluir -como lo han hecho los dirigentes del PP- que el hecho mismo de la reunión signifique «pagar un precio político» inaceptable para la democracia, o incluso «la rendición del Estado de derecho». No, si los socialistas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero evitan dejarse enredar por la agenda que tanto a ETA como a la izquierda abertzale les gustaría imponer, además, en forma de negociación política.

La cara amable que Otegi decidió ofrecer ayer no puede hacer olvidar lo acontecido hasta la fecha. Continúa siendo un sarcasmo que Otegi realce el carácter «civilizado y democrático» del diálogo mantenido con los dos dirigentes del PSE-EE o que sea él quien abogue por un acuerdo «de justicia y paz». Porque cuando pone como condición ineludible para la «resolución del conflicto» la autodeterminación de Euskal Herria está evocando y, por tanto, justificando la eventualidad de que ETA vuelva a cometer atentados si su exigencias no se ve cumplidas. Esa fue la causa que condujo a Batasuna a su ilegalización; una amenazante sombra que sólo desaparecerá cuando la izquierda abertzale acuda al registro de asociaciones con unos estatutos que expresen con claridad que nada justifica la violencia.

Batasuna no ha cambiado un ápice de sus planteamientos maximalistas en 26 años de existencia. Tampoco desde que ETA hiciera público su alto el fuego. En contraste con el deseo expuesto por Patxi López, quizá resulte excesivo pretender que la izquierda abertzale deje de ser «parte del problema» y pase a ser «parte de la solución». Quizá sea más sensato aspirar a que deje, simplemente, de ser un problema. Porque las soluciones que insiste en aportar Batasuna están tan alejadas del denominador común que precisa todo sistema democrático, del punto de coincidencia al que razonablemente puede aspirar la sociedad vasca, que en ningún caso podrían formar parte del eje vertebrador de un acuerdo estable para la convivencia.

Tras el anuncio de «un alto el fuego permanente», tanto los dirigentes socialistas como los portavoces del EBB se aprestaron a señalar que las eventuales conversaciones con ETA deberían mantenerse escrupulosamente separadas, en el tiempo y en su contenido, del diálogo político entre los partidos. Se trataba de garantizar que ni directa ni indirectamente la banda terrorista condicionara el diseño del futuro político del País Vasco. Sin embargo, esa distancia ha ido acortándose peligrosamente. El ventajismo que supone demandar cambios drásticos del orden constitucional y estatutario a cuenta de la eventual renuncia de ETA al terror comporta una insoportable carga para el sistema de libertades y un dolorosísimo mensaje para quienes más han padecido y padecen los efectos de la violencia.