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presunta estafa

El administrador judicial de Afinsa cifra en más de 1.700 millones el agujero patrimonial

Los antiguos gestores de la sociedad filatélica, que proclaman su inocencia, califican de incierta la cifra del informe presentado al juez

EFE | MADRID

Martes, 4 de julio 2006, 02:00

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El administrador judicial de Afinsa, Javier Grávalos, ha cifrado en algo más de 1.700 millones de euros el agujero patrimonial de la sociedad a diciembre de 2005, una cifra que califican de incierta los antiguos gestores de la sociedad filatélica, que siguen proclamando su inocencia. En el informe entregado hoy al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el administrador señala que los activos de la sociedad ascienden a unos 570 millones de euros, frente a unos pasivos de más de 2.300 millones, en los que estarían los 2.185 millones de euros que consideran "obligaciones" de recompra de sellos.

Frente a estos datos, el presidente de Afinsa y propietario de la mitad de las acciones de la compañía, Juan Antonio Cano Cuevas, aseguró hoy en declaraciones a EFE que estos 2.185 millones de euros es un activo de la compañía y, en todo caso, tampoco se ha hecho en este tiempo ninguna valoración alternativa de los sellos. Además, Cano ha anunciado que recurrirá este informe ante la Audiencia Nacional en menos de diez días, con un escrito que contendrá un "plan de continuidad y viabilidad" para Afinsa, que intentará reactivar su red de 2.400 agentes y 120 oficinas en España.

Diferentes visiones del pasivo de Afinsa

Tras advertir que la información del informe "es provisional y condicionada por limitaciones", el administrador judicial Javier Grávalos indica que Afinsa asume "riesgos" en la compra y venta de sellos y que es la forma "más apropiada" de mostrar en el balance las "obligaciones" con más de 190.609 clientes, cifrada en 2.185 millones de euros como pasivo. El administrador considera que existen activos por 411 millones de euros, a 31 de diciembre de 2005, además de otras "plusvalías latentes" de su filial OIKIA -propietaria de inmuebles- por más de 47 millones de euros y la participación en la compañía Auctentia, por otros 30 millones de euros (con el 67 por ciento de Escala Group).

También para el activo da una valoración, "a precios de mercado", de los valores filatélicos que figuran en existencias (119 millones de euros), aunque no le es posible determinar el valor de los sellos sobre los que Afinsa ha otorgado a sus clientes un pacto de recompra "y que no figuran en el balance de la compañía". Dentro de los pasivos, el administrador computa "las obligaciones no contabilizadas por Afinsa" de 2.185 millones, así como otros 127 millones de euros por diferentes partidas, como deudas con acreedores comerciales (66 millones de euros) o con otras empresas del grupo (19 millones de euros).

El administrador judicial deja claro además que su actuación está "dirigida a hacer cesar la actividad indiciariamente delictiva que se investiga" en la Audiencia Nacional, donde Anticorrupción imputa a los ejecutivos de Afinsa los delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. También indica que, "si se confirma definitivamente" este déficit patrimonial -estimado por la Agencia Tributaria en 2004 en 1.105 millones de euros-, "resultará inevitable la liquidación de la empresa".

En estos casi dos meses de administración judicial, Javier Grávalos ha informado de que los únicos pagos han sido para el salario del más de medio millar de empleados por más de 2 millones de euros, aunque no han pagado las remuneraciones que debían cobrar los comerciales por importe de 1,79 millones de euros. Tampoco se ha hecho frente a cuotas hipotecarias por un total de 224.149 euros, ni tampoco a las obligaciones tributarias y de Seguridad Social aparejadas a los trabajadores de plantillas, puesto que existen otros contratados mercantilmente en la red de 2.400 agentes de Afinsa.

Por su parte, además de discutir las cifras del informe que no pueden ser consideradas "dogmas de fe", sino "opiniones", el presidente de Afinsa cifró en 3.000 millones de euros el quebranto económico producido a la compañía con la intervención judicial, ya que, con esta decisión fundamentada en una "interpretación jurídico-administrativa", se ha "dinamitado" a la compañía.

Los trabajadores se oponen a la disolución de la compañía

Por su parte, la plataforma que agrupa a buena parte de los trabajadores de Afinsa ha manifestado su "frontal oposición" a que la compañía se someta a un proceso de concurso necesario (antigua suspensión de pagos) y se disuelva, dado que, a su juicio, la sociedad es viable y solvente. Los trabajadores recuerdan que la división de banca de inversión del gigante estadounidense Citigroup llegó a recomendar la colocación en el mercado bursátil de Afinsa, con una valoración de unos 1.500 millones de euros. Esta circunstancia, según la plataforma de los trabajadores, es una prueba más que cuestiona los argumentos dados por la Fiscalía y por la Agencia Tributaria, que motivaron la intervención judicial tanto de Afinsa como de Fórum Filatélico.

Los trabajadores (que cuentan con la página de internet www.plataformaafinsa.org) han defendido la legalidad del negocio de Afinsa y han vuelto a culpar a la Agencia Tributaria, que, en su opinión, ha actuado "cuando menos con ligereza" al provocar la intervención judicial. Según los trabajadores, la Agencia Tributaria realizó un informe bajo "el criterio equivocado" de considerar Afinsa una empresa financiera y no una compañía mercantil, "contradiciendo, a su vez, a informes anteriores de la propia Agencia Tributaria, del Banco de España y de la CNMV".

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