El Gobierno ha aprobado, y el Congreso ratificado, un Real Decreto que modifica las tarifas eléctricas, elimina el 'déficit de tarifa' (3.800 millones el año pasado) y los Costes de Transición a la Competencia (CTC), regula el tipo de contadores y establece una nueva normativa para las instalaciones de generación en régimen especial. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el incremento de tarifas: 0,8% para los consumidores domésticos, y 6% para los industriales. Si estos incrementos se suman a los de primeros de año, el incremento acumulado en lo que va de año del precio de la electricidad es de más del 5% para los hogares y 11% para la industria, los más grandes en quince años. La medida del Gobierno era ya conocida y descontada, pero la reacción de las asociaciones de consumidores, especialmente los industriales, no se ha hecho esperar. Los primeros acusan al Ejecutivo por el procedimiento de urgencia con que se ha tramitado, los segundos por la injusta distribución del incremento entre uso doméstico e industrial y su impacto sobre la competitividad de las empresas españolas en el exterior. Y no les falta razón a los consumidores, sobre todo a los industriales.

El español ha sido desde el mismo principio de la electrificación un mercado de precios altos en comparación con nuestros vecinos, y eso ha sido un freno estructural a la industrialización española desde principios del siglo pasado. Pero las cosas habían cambiado últimamente. La privatización y liberalización del sector, aunque muy tímida aún, y la política tarifaria adoptada en la última década han hecho bajar los precios de la luz de manera sustancial, y esto ha invertido la situación, poniendo en desventaja a las propias compañías eléctricas que en estos momentos se encuentran en una posición comprometida. El crecimiento productivo y el cambio en el uso energético de los hogares -especialmente el aire acondicionado- ha hecho crecer el consumo a ritmos superiores al 5% anual, y esto ha sido respondido por las compañías con fuertes inversiones en generación. Pero el brusco incremento del precio de la energía y el cambio en las condiciones financieras con tipos de interés al alza, está poniendo contra las cuerdas los resultados de las empresas. En esta situación, la política de fijación de precios a través de tarifas puede que no sea la óptima. El regulador -que tiene un ojo puesto en los precios eléctricos y otro en las consecuencias políticas de un IPC desfavorable- debería de dejar que los precios fuesen libres y determinados por el mercado, y concentrar su labor en que éste último sea realmente abierto a nuevos oferentes, que las conexiones con Francia, Portugal y Marruecos funcionen para que dejemos de ser una 'isla' eléctrica y, sobre todo, para no mezclarse en manipulaciones políticas que perjudiquen al sector y a la competencia. Limitar el beneficio al productor en las condiciones actuales es añadir un obstáculo más. Mejor sería incidir en crear un marco de competencia y precios libres, y al mismo tiempo remover obstáculos como los prejuicios contra la energía nuclear, por ejemplo.