Entra en vigor la nueva reforma laboral con el objetivo de frenar la temporalidad
La última reforma laboral , consensuada entre Gobierno, empresarios y sindicatos, está en vigor desde ayer. La naturaleza de la norma es un Real Decreto Ley a tramitar por el Parlamento como proyecto de ley y cuya aplicación resulta compleja ya que reúne una treintena de modificaciones. El acuerdo denominado «Para la mejora del crecimiento del empleo» pretende reducir la temporalidad de 2,5 millones de trabajadores y bajar unos siete puntos porcentuales el índice actual, que sitúa la eventualidad laboral del país en un 33% de la población ocupada. Su negociación costó 14 meses de debate.
El Gobierno confirmó que las medidas movilizarán 4.000 millones de euros al año. Para el Ejecutivo no es un gasto. Se trata de una inversión que reordenará el destino de las cotizaciones empresariales y de trabajadores y recuperará con creces el importe utilizado al crear empleo de calidad. A los 2.700 millones empleados (antes de la reforma) para impulsar el trabajo estable se sumarán 1.294, procedentes de la reducción de cotizaciones empresariales y del aumento de las prestaciones. Este segundo montante, en el 2006, bajará a 870 millones, puesto que solo habrá seis meses de vigencia de los cambios. Otras cifras desveladas por el Ministerio de Trabajo se refieren al ahorro que supone para los empresarios. La disminución de cotizaciones sociales por el desempleo de los contratos indefinidos y del Fondo de Garantía Salarial representan un abaratamiento de los costes laborales entre el 3 y el 4%.
El grueso de la reforma entró en vigor ayer, pero desde el pasado 15 de junio es operativa una de las medidas que más expectación ha levantado, como es el control del encadenamiento abusivo de contratos temporales. Esta disposición recoge la conversión en trabajador fijo de todo aquél que hubiera estado trabajando 24 meses en un puesto en la misma empresa mediante dos o más contratos.