El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, en la conferencia de prensa posterior al Consejo, informó de este acuerdo que el Ejecutivo adopta de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de esta Comunidad.

Según este dictamen, la nueva redacción dada al apartado 1 del artículo 50 de la ley, en lo relativo a la prohibición del cambio de uso forestal durante al menos treinta años de los terrenos incendiados, puede ocasionar una invasión de las competencias de la Comunidad Autónoma.

El recurso, explicó, se fundamenta en que la nueva redacción de esta ley estatal puede entrar en contradicción con artículos del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

El artículo 9.11 regula la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, en materia de montes, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias y pastos.

Otro artículo establece que La Rioja también tiene competencia en materia de protección del medio ambiente, normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje, espacios naturales protegidos y protección de ecosistemas.

Además, tiene la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, según regula otro artículo del Estatuto.

El recurso del Gobierno argumenta que el mínimo impuesto para el cambio de uso puede entrar eventualmente en colisión con competencias autonómicas, unas exclusivas en lo referente a la ordenación del territorio, y otras compartidas, de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de protección del patrimonio forestal.

El Gobierno de La Rioja, precisó su portavoz, mantiene que la prohibición del cambio de uso forestal por razón de incendios ya venía recogida de forma adecuada en la Ley de Montes estatal aprobada hace tres años, que indicaba que las Comunidades Autónomas determinarían los plazos para hacer efectiva esta prohibición.

Del Río también afirmó que la legislación autonómica es más restrictiva e impide, de forma específica, el cambio de uso con fines urbanísticos tras un incendio forestal.

No obstante, recalcó que éste no es el único aspecto que preocupa al Gobierno de la nueva redacción de la Ley de Montes, dado que, en relación con el uso de las pistas forestales, se entiende que los límites que se establecen podrían afectar al uso turístico de las pistas forestales, más aún cuando prácticamente la totalidad de los caminos forestales son gestionados por la Comunidad Autónoma.