Pese a la desvergüenza con que las direcciones de las centrales firmantes han intentado enmascararlo haciéndolo aparecer como la panacea contra la precariedad, el nuevo pacto sobre el mercado de trabajo o «reforma laboral» no es otra cosa que un acuerdo para transferir renta de la clase trabajadora y la ciudadanía en general a las empresas.

Y ello se hace por dos vías. La primera mediante la rebaja de las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial, que se reducen a la mitad, y de la rebaja de las cotizaciones empresariales por la contingencia de desempleo, en un 0,25% de forma inmediata más otro 0,25% dentro de un año y medio, así como a las empresas de trabajo temporal (donde se encuentra la mayor parte del ejército de precarios) en un punto porcentual.

La segunda mediante el abono de bonificaciones directas de 800 euros anuales durante un máximo de tres años por la contratación indefinida de trabajadores con contratos temporales celebrados antes del 1 de junio y que se reconviertan en indefinidos antes del 31 de diciembre de este año. Se establecen otro tipo de bonificaciones de hasta cuatro años de duración y que van desde 500 hasta 3.200 euros anuales para diversos colectivos y algunos como para las personas discapacitadas, durante toda la vigencia del contrato.

Las centrales sindicales mienten cuando dicen que la precariedad viene determinada por la contratación eventual, o por lo menos ocultan una parte importante de la verdad, que no es otra que el hecho de que la precariedad (es decir, la inseguridad en mantener el puesto de trabajo) viene directamente vinculada a dos causas: la primera, en las facilidades dadas por la normativa para que la clase empresarial pueda rescindir de forma unilateral e incausada (sin motivación) un contrato de trabajo y, la segunda, unida a la anterior, que el costo de esa decisión sea el menor posible.

Pues bien, las medidas acordadas no remedian la situación ya que de un lado abaratan el despido de colectivos amplios de trabajadores (todos los que hoy están sujetos a contratos temporales) cuyos contratos (normalmente fraudulentos y por tanto indefinidos) se conviertan formalmente en «fijos» y, de otro lado, manteniendo la posibilidad del despido sin causa mediante el abono de la indemnización.

Tenemos por tanto una «inyección» directa de ingresos a las empresas cuyo montante para este año será cercano a los mil millones de euros y para el próximo rondará los dos mil millones, una parte de los cuales, como ya pasó en la anterior reforma, será dirigido por la clase empresarial para sufragar los despidos de los trabajadores con mayor antigüedad.

De otro lado se mantiene la posibilidad de efectuar despidos a la carta con indemnizaciones en muchos casos más bajas que las que tendrían hoy los mismos trabajadores.

Mientras los dirigentes sindicales acepten la filosofía de la patronal de que la competitividad se mantiene recortando los gastos de las empresas en salarios y Seguridad Social, y no aumentando la eficacia productiva, no podremos esperar otra cosa de quienes hace ya mucho tiempo se olvidaron de plantear la transformación del sistema económico capitalista como meta última de cualquier organización que se reclama obrera para alcanzar soluciones reales.

Y para rematar la tarea, en estos días se nos anuncian modificaciones (o sea, recortes) en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social en cuanto a tiempos mínimos o pensiones de viudedad, con la excusa de garantizar la viabilidad del sistema. En otras palabras, que lo que por un lado se otorga a la clase empresarial hay que arrebatárselo a la mayoría de la población para «mantener el equilibrio de las cuentas».

Vamos, una nueva «joya» de reforma auspiciada con fervor por la patronal, burocracias sindicales y el gobierno de la supuesta izquierda.