En esta misma línea se expresó el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien subrayó que las detenciones «no alteran en lo más mínimo el curso de ruta» previsto por el Gobierno. El ministro recalcó que la intención del gabinete es aprovechar esta «oportunidad histórica de poner punto final a la violencia de ETA y a sus manifestaciones coactivas, entre ellas la trama de extorsión que es el objeto de esta operación».

Izquierda Unida y Convergencia i Unió apremiaron a Zapatero a darse prisa y a autorizar de inmediato los contactos con ETA. Gaspar Llamazares, instó al Gobierno a «acortar» los tiempos y a comparecer «cuanto antes» en el Congreso de los Diputados. Sobre la detención de doce presuntos colaboradores de la red de extorsión de ETA, el 'número uno' de la coalición de izquierdas destacó desde Sevilla que el Estado de Derecho «debe funcionar tanto ahora como antes del alto el fuego».

El PP atribuye a jueces y fuerzas de seguridad la desarticulación del aparato de financiación de ETA y cree que pone en entredicho la verificación del alto el fuego de la banda constatado por el Gobierno.

El portavoz parlamentario del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró que el Estado de Derecho sigue funcionando cuando hay jueces y fuerzas de seguridad que cumplen con su obligación, al margen de otras declaraciones en el ámbito político que sugieren lo contrario».

Porque el PP deduce que las detenciones se realizaron al margen del Gobierno y sugiere que la operación perjudica los intereses del Ejecutivo y pone en cuestión el alto el fuego que el presidente y el ministro del Interior confirmaron recientemente. Según dirigentes populares, ETA sigue activa, conserva intacta su estructura y mantiene actividades detectadas por la policía, como el robo de coches en Francia, la extorsión mediante cartas a empresarios, así como la recaudación de fondos.