La cumbre europea que concluyó ayer en Bruselas no ha producido grandes resultados e incluso ha sido considerada como una reunión de trámite en la que el tema que más interés ha despertado ha sido el Mundial de Alemania. Nada parece que pueda ocurrir, en relación a la crisis política que atraviesa la Unión, antes de las elecciones francesas y holandesas del 2007 y los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco sólo se han puesto de acuerdo para seguir «reflexionando» dos años más sobre la fallida Constitución Europea. Lo que no deja de ser un grave error estratégico, porque en ese texto no se encuentran ya las claves para resolver los problemas actuales de los europeos. Tal vez por ello, el presidente de la Comisión, Durao Barroso, ha tratado de presentar su visión de una «Europa de los proyectos concretos», mucho más modesta y alejada de los áridos debates del año pasado sobre presupuestos o reparto de poder en las instituciones.

De entre esos puntos abordados, hay que resaltar que Francia, Austria y Holanda, aprovechando la parálisis política, han conseguido que el término «capacidad de absorción» europea se acepte para decidir sobre nuevas ampliaciones, lo cual es una manera de ralentizar el crecimiento de la UE a partir de la entrada de Bulgaria y Rumania en uno o dos años. También se han rebajado las expectativas sobre el desarrollo de la futura Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión, que debería empezar a funcionar en el 2007, y sobre cuya estructura no parece fácil hallar consenso. Pero, afortunadamente, no todo han sido frenos; los Veinticinco sí han tomado decisiones positivas. Eslovenia será miembro de la moneda única en breve y Lituania tendrá que esperar hasta que cumpla todos los criterios, lo que añade credibilidad al euro. Por otro, los parlamentos nacionales tendrán a partir de ahora la capacidad de debatir con la Comisión Europea las propuestas legislativas antes de que éstas vayan adelante y el Consejo de Ministros de la Unión dejará de legislar a puerta cerrada, abriendo sus sesiones al público.

En cuanto al papel de España, nuestro Gobierno ha mantenido de nuevo un perfil bajo y se ha concentrado en procurar que la política de inmigración europea progrese a través de una combinación de medidas de cooperación en asuntos de Justicia e Interior y de Política Exterior, sobre todo hacia África. Pero estas medidas no se han especificado mucho y aunque el presidente Zapatero afirmaba sin titubeos que Europa se «ha puesto al frente» del problema de la inmigración, lo realmente conseguido ha sido un mayor compromiso de la UE respecto de la todavía muy incipiente Agencia Europea de Fronteras.