Los sindicatos entienden que, detrás de esta modernización en la forma de adjudicar las plazas, se esconden las intenciones de la Consejería de Educación de «cargarse la participación directa de los afectados, que venían conociendo en tiempo real todas las opciones y vacantes», señalaron ayer, al tiempo que recuerdan que esta oposición «por los grandes inconvenientes que vemos» ya se ha puesto de manifiesto en la mesa de negociación.

El responsable de FETA-UGT, Luis Dorado, admitió ayer que el sistema de acto público puede ser complicado, pero lo defendió por su carácter resolutivo: «es un sistema que termina en dos días. En este tiempo el profesor ya conocía su destino. Y, lo que es fundamental, era un sistema transparente puesto que todas las vacantes se conocían en un acto público».

La modificación del sistema de reparto de plazas también va acompañado este año de un cambio en las fechas de adjudicación de las mismas. Así, si el proceso tradicionalmente se realizaba en septiembre, este año se ha adelantado a julio, lo que en palabras de Dorado va a derivar en problemas organizativos. «Hasta septiembre no se pueden conocer las necesidades reales de profesores pues hay que esperar a los exámenes de este mes para tener configurados los grupos de alumnos y, en consecuencia, programar».