Según los hechos probados en el fallo judicial, la pareja optó por una vasectomía en enero de 1999. Para llevarla a efecto, el hombre fue derivado desde un centro de salud al Servicio de Urología del San Millán. La operación fue practicada en mayo de ese mismo año de manera satisfactoria. Pero en el 2003 la mujer quedó embarazada, por lo que el hombre -tras comprobar su verdadera paternidad- decidió acudir a la vía judicial en busca de una indemnización económica por parte del Seris.

La Justicia ha concluido que «el embarazo de la esposa tuvo lugar por haberse producido una recanalización tardía espontánea de los conductos deferentes del paciente». Descarta la existencia de negligencia médica alguna y apunta a que lo que sucedió «no es atribuible a una posible deficiencia en la intervención de vasectomía sino más bien al azar de la naturaleza». La sentencia recuerda que a la pareja se le informó del posible aunque escaso riesgo de embarazo que aún corría y que el hombre no acudió a las revisiones programadas.