La sentencia considera probado que el acusado tuvo a estas personas trabajando para él en el campo, entre los meses de enero a mayo del año 2002. A estos, indica el fallo judicial, «no les hizo contrato alguno y les tuvo en condiciones ilegales pues no les pagaba». A cada uno de ellos le deberá abonar 3.606,87 euros, según recoge la sentencia.

El magistrado dictó su sentencia en los términos formulados por la acusación del Ministerio Fiscal y, así, además de la pena de seis meses de cárcel, impuso al acusado el pago de una multa de 540 euros.