La situación ha generado preocupación y quejas entre algunos de estos adjudicatarios, cuyo malestar ha recogido el grupo municipal del PR para realizar una denuncia pública de lo sucedido. El concejal regionalista Miguel Gómez Ijalba explica que «el retraso en la entrega de los pisos llegará hasta los siete años» en algunos casos, contando desde la fecha de adjudicación hasta la de recepción de las llaves, un plazo que considera «excesivo» y del que hace responsable al Ayuntamiento.

Refiriéndose a El Campillo, cuyas viviendas son íntegramente para jóvenes (menores de 35 años ) el edil comenta que el plazo tan dilatado está generando «muchos temores» entre los beneficiarios porque se dan casos como «gente que superará los 35 años cuando firme el contrato y teme perder las subvenciones para jóvenes o las deducciones fiscales», entre otros beneficios. A esto añade que hay también personas que «se quieren casar y tener su vivienda» y se dan casos de gente que la necesita porque «concluye su alquiler o está en situación de desahucio».

Urbanización

Sin embargo, la edil de Vivienda, Mar San Martín, rechaza las acusaciones del PR. La concejal asegura que, en el momento en que los adjudicatarios eligieron vivienda (en octubre del 2004), fueron avisados de que las viviendas no se iban a poder construir «hasta que concluyera la primera fase de las obras de urbanización de El Campillo». Por consiguiente, prosigue la edil, «todo aquel que resultó adjudicatario ya sabía que las viviendas no se iban a poder construir hasta dentro de dos años».

La primera fase de urbanización concluyó el mes de marzo y, por lo tanto -afirma San Martín-, el Ayuntamiento está ya en disposición de dar licencia de construcción. En este punto entra el IRVI, adjudicatario de las dos promociones de El Campillo. El Instituto Riojano de la Vivienda anuncia que adjudicará la construcción de los pisos en su consejo de administración de finales de junio de forma que las obras den comienzo en verano.

Respecto a las dudas sobre la situación de los adjudicatarios, tanto la edil como el consejero de Vivienda, Antonino Burgos, asegurán que mantendrán el precio y las condiciones que regían en el momento de la adjudicación.