Además, el Gobierno de la Generalitat se ha dividido por causa del Estatuto, de forma que en tanto dos de las tres fuerzas que formaban el 'tripartito' apoyan el «sí», Esquerra Republicana se inclina por el «no», posición en la que también está -obviamente por motivos distintos- el Partido Popular. Por lo demás, las fuerzas políticas no se han esmerado precisamente esta vez en la seducción del electorado: no acaba de entenderse cómo un partido democrático como el PSC persiste en la incorrección de basar su apelación al voto en el insulto al adversario -el Partido Popular, en este caso-, por más enconada que ha sido la controversia que ha precedido a la actual coyuntura. Tampoco ayudará mucho a la necesaria transparencia de la campaña que los favorables al «sí» identifiquen su sigla o suposición con la única opción favorable a Cataluña y a todos los catalanes.

El PP, que no ha ocultado su disconformidad con la propuesta estatutaria catalana y que ha sido excluido apriorísticamente del consenso en virtud del sectario Pacto del Tinell, ha anunciado que si el nuevo Estatuto es ratificado presentará de inmediato un recurso de inconstitucionalidad. Esta decisión es sumamente pertinente, no sólo por lo controvertido de ciertos aspectos polémicos del texto sino también porque, como se ha dicho, servirá de precedente a todo el debate territorial que todavía queda por desarrollar. Así las cosas, cabría además exigir al Tribunal Constitucional cierta premura en la resolución del recurso.