Para Ortega, la Administración autonómica ha hecho «dejación de sus funciones» al permitir que el pleno del Ayuntamiento de Lardero adoptara decisiones «que afectan gravemente» al suelo protegido de la zona y van a generar «importantes plusvalías que interesan fundamentalmente al alcalde y a dos propietarios».

«El Gobierno de La Rioja debería de haber intervenido de manera preceptiva y con carácter anterior al cambio de uso (del suelo). Sin embargo, las leyes de protección medioambiental han quedado en papel mojado y los intereses especulativos se han puesto por encima de la conservación del medio ambiente», dijo.

Inmaculada Ortega recordó que el artículo 33 de la Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja indica que toda acción que contemple el cambio de uso de un monte deberá ser previamente autorizada por la consejería competente, y «aquí, que sepamos, nada de esto se ha hecho».

Además -dijo la diputada socialista- la recalificación de terrenos de Lardero vulnera la LOTUR y la Ley de Minas, pues ésta señala que «todas las canteras deben de estar en terrenos no urbanizables» y en la zona existe un negocio de extracción de arcilla.