El pasado lunes, un policía municipal de Getafe, agredido por tres atracadores, mató a tiros a un hombre en legítima defensa. Una vez identificado, el fallecido resultó ser un ciudadano peruano de 29 años que, según la información oficial divulgada, tenía "numerosos antecedentes policiales por infracción a la Ley de Extranjería, tentativa de homicidio doloso en 1998, estafa, falsificación, tenencia ilícita de armas, robo con violencia, hurto, robo y uso de vehículo de motor y apropiación indebida".

La descripción del historial del sujeto que vivía peligrosamente y que ha muerto en el azar de su última aventura resulta sencillamente estremecedora. Y, como es natural, cualquiera que haya leído semejante pormenor curricular ha tenido que formularse una pregunta obvia: ¿cómo es posible que este conspicuo delincuente no estuviera en prisión?

Cuando el incremento real o aparente de la inseguridad ciudadana es un argumento político de actualidad, que estuvo ayer bien presente en el debate sobre el estado de la Nación, los hechos parecen acreditar que muy probablemente no es necesario cambiar las leyes ni lanzar más policías a las calles sino aplicar bien y con rigor las normas vigentes. Porque algo ha tenido que fallar en los sistemas de regulación y de control del Estado para que las cosas hayan sucedido como acaba de referirse. Los poderes judicial y ejecutivo deben a la ciudadanía una explicación.