Alrededor de 40 afectados se reunieron ayer para perfilar la estrategia que seguirán las próximas semanas. El recurso administrativo se basará en dos irregularidades formales detectadas por los sindicatos. Así, un miembro del tribunal no cumple, según las centrales, los requisitos básicos para formar parte de él porque no es dependiente de ninguna institución sanitaria. CCOO y UGT creen también que se ha vulnerado el espíritu del concurso-oposición, al aprobar sólo 10 personas y no utilizar el 50% de margen superior que permite incluir más aprobados para luego comprobar sus méritos (es decir, la parte concursal del proceso).

Según explicó Miguel Bujanda, asesor jurídico de CCOO, el tribunal deberá pronunciarse hasta un mes después de que se presenten los recursos. La Consejería de Salud, que representa a la Administración en este caso, tendrá que hacerlo en el plazo de tres meses.