El mismo día en que la organización terrorista declaró el cese de actividades, Rodríguez Zapatero tendió la mano al presidente del PP para que se implicara en la gestión de esta nueva etapa en la política antiterrorista. No era solo un acto conciliador: quiso conjurar el riesgo de que el primer partido de la oposición utilizara el alto el fuego como arma política y cegara el camino iniciado el pasado 22 de marzo con el anuncio de los terroristas. El presidente del Gobierno tuvo en cuenta que todos los procesos de fin de la violencia -Irlanda o Sudáfrica, por ejemplo- han contado con el acuerdo de las fuerzas gubernamentales y opositoras, y España no podía ser una excepción a la regla.

Silencio

Rodríguez Zapatero, en consecuencia, pidió a los socialistas silencio ante las críticas para intentar preservar el acuerdo con el PP. Esta semana, el Gobierno y el PSOE han observado perplejos cómo Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana lanzaban mensajes contradictorios sobre el anuncio de que el alto el fuego ya está verificado y que el jefe del Ejecutivo informará en junio a los grupos parlamentarios del inicio de las conversaciones con ETA. El sábado por la mañana, 24 horas antes del mitin de Baracaldo, Rodríguez Zapatero contactó con el líder de la oposición para pedirle su apoyo. Convencido de que tenía el aval de Rajoy para hablar con ETA «sin pagar precio político», porque así se lo transmitió él mismo, según fuentes socialistas, el presidente del Gobierno decidió hacer públicas sus intenciones.

La sorpresa llegó con las posteriores declaraciones del secretario general del PP, su rechazo al diálogo con ETA, la nueva llamada de teléfono de Rajoy y la corrección de Eduardo Zaplana. En el PSOE genera desconcierto esta actitud del PP.

Solo hay una excepción al mandato de mutismo: Euskadi. Rodríguez Zapatero comparte la idea de que los socialistas vascos tienen que diferenciarse del Partido Popular en esa comunidad en la actitud ante el alto el fuego y subrayar el perfil inmovilista de los populares que lidera María San Gil. En consecuencia, las únicas controversias públicas en el proceso son las que protagonizan el PSE y el PP vasco.