Extraña que se exhiba como solución un Plan que no va acompañado de dotación específica, del mismo modo que las autoridades no ofrezcan los costes en medios materiales y humanos del control de fronteras y de la acogida a quienes llegan en patera o cayuco. El desconcierto gubernamental se aprecia también en la tardanza del Ejecutivo, e incluso del propio Parlamento en su misión de control, para plantear enérgicamente a la Unión Europea el cumplimiento del compromiso de sus socios en la salvaguarda de las fronteras comunitarias. Ahora se pide apoyo logístico a la UE -que en su momento fue bastante crítica con la regularización lanzada por el ministro Caldera- y una delegación especial de la Agencia Europea de Fronteras para Canarias, pero ¿con qué fuerza? No es éste el primer Gobierno que hace esas peticiones y ojalá sea ésta la primera vez que se atiende a las mismas desde Bruselas por parte de una UE incapaz de aprobar una política común en materia de inmigración.