El portavoz del Consejo de Gobierno, Emilio del Río, en un encuentro informativa, detalló que este decreto permite normalizar las actuaciones en la Reserva de la Biosfera, territorio situado en la zona suroriental de La Rioja, de unas 120.000 hectáreas y que obtuvo este reconocimiento de la UNESCO en julio de 2003.

Precisó que esta medida favorecerá el desarrollo de los valles afectados y de la propia comunidad autónoma; y destacó la riqueza de la Reserva de la Biosfera, que, por ejemplo, incluye los yacimientos paleontológicos de la región, algunos de ellos considerados entre los mejores de Europa.

El decreto establece que la Junta Directiva de la Reserva se reunirá, como mínimo, dos veces al año y entre sus funciones destaca la aprobación del plan de actuaciones e inversiones, que anualmente se realizará en el mes de mayo.

También se encargará de aprobar los programas de divulgación y educación ambiental; de incentivar la participación en todas las acciones de las administraciones; de representar a la Reserva de la Biosfera en los organismos nacionales e internacionales y de asesorar a los entes locales y colectivos en la planificación y puesta en marcha de políticas de desarrollo sostenible.

Del Río indicó que el decreto especifica que la Junta Directiva es un órgano colegiado, adscrito a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, que se constituirá con la finalidad de favorecer la aplicación de modelos sostenibles que redunden en el desarrollo económico y social de los habitantes de la zona.

Otras de sus finalidades serán las de contribuir a la formación, educación ambiental y la investigación científica en la reserva e implicar a la comunidad local en el funcionamiento de la reserva.

La Junta Directiva estará integrada por un presidente, que será el titular de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial; un vicepresidente, que será el director general de Calidad Ambiental y doce vocales.

Los doce vocales serán un representante de las Direcciones Generales de Calidad Ambiental, Medio Natural, Agricultura, Política Territorial, Turismo y Administración Local; cuatro alcaldes, uno por cada valle; y dos las asociaciones socioeconómicas y medioambientales con mayor implantación en la zona y que tengan por objeto el desarrollo económico social o la defensa medioambiental.

La Junta Directiva se completará con un secretario, con voz pero sin voto, que será un funcionario de la Dirección General de Calidad Ambiental.