Para ilustrar su argumento, el consejero cotejó la situación previa a la reforma ahora pactada, el escenario previsto de aquí en adelante y las actuaciones ya desarrolladas por el Gobierno riojano encaminadas al fomento de la contratación estable. Indicó, por ejemplo que, en el colectivo de discapacitados, la diferencia de subvención que recibe un empresario entre contratar de forma indefinida o temporal es de 800 euros. Una cantidad que a su entender no sirve de impulso por cuando en el caso de los colectivos en riesgo de exclusión la diferencia es de 100 euros. Frente a ello, Muñoz recordó que el objetivo marcado en La Rioja es que al menos el 75% de las plantilla de las empresas tenga contrato indefinido.

Respecto a la lucha contra el encadenamiento de contratos temporales que limita a 24 meses esta posibilidad, el consejero subrayó la «trampa» que se abre al no hacer hincapié en el puesto de trabajo concreto. En las condiciones que marca el texto, Muñoz prevé que la medida beneficie a no más de 400 trabajadores, cuando «gracias a la acción del Gobierno regional el año pasado se reconvirtió en fijos a 806 temporales».