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ultimátum boliviano

BBVA entregará a Bolivia las acciones de las petroleras que gestiona

El Gobierno de Morales dotará de tierras a los sectores más necesitados, originarios, campesinos, indígenas y mujeres

AGENCIAS | LA PAZ

Miércoles, 17 de mayo 2006, 02:00

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Los grupos financieros Zurich, de Suiza, y BBVA, de España, que controlan las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que hay Bolivia, han anunciado su disposición a entregar a la empresa estatal YPFB las acciones que gestionan de tres petroleras nacionalizadas.

El gerente general de Previsión, controlada por BBVA , Ildefonso Núñez, y el presidente de Futuro de Bolivia, de Zurich, Gonzalo Bedoya, declararon por separado la noche de ayer que la exigencia del Gobierno boliviano será atendida.

En gerente de BBVA considera que "no hay ningún problema a la hora de entregar las acciones", pero ha subrayado la necesidad de obtener una compensación que garantice una cierta seguridad jurídica, a lo que se opone el Gobierno de Evo Morales. Núñez ha explicado que desde el 4 de mayo, tres días después de decretar Morales la nacionalización petrolera, inició conversaciones con el Gobierno sobre la entrega de las acciones, en las que no se había avanzado, por lo que dijo comprender el ultimátum.

El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, concedió el lunes tres días a ambas AFP para que entreguen al Estado, "a título gratuito", las acciones de las petroleras que gestionan en un fondo colectivo, con la amenaza de que, si desobedecen, serán intervenidas.

Las acciones pertenecen en teoría a los bolivianos que tenían más de 21 años hace una década, cuando las empresas Andina, Chaco y Transredes fueron privatizadas, pero el Gobierno del presidente Evo Morales ordenó endosarlas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Posible acuerdo

El gerente general de Previsión no descarta que se logre un acuerdo, pero su gabinete jurídico, entre tanto, estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el apremio del Gobierno.

Según algunos juristas bolivianos, las acciones de las petroleras privatizadas hace una década y renacionalizadas ahora fueron entregadas a las AFP por una ley aprobada por el Congreso y eso no puede anularlo un decreto gubernamental, de menor rango. Núñez ha insistido en que el BBVA quiere lograr con el Gobierno, mediante el diálogo, "un punto de entendimiento". "Va a ser difícil oponernos. Hay un decreto que, por ahora, no se ha demostrado que sea inconstitucional. Sólo queremos seguridad jurídica de que en el futuro no nos demandarán por entregar a YPFB las acciones", ha añandido.

A su vez, Bedoya ofreció una rueda de prensa en las oficinas de la Aseguradora La Boliviana Ciacruz, también subsidiaria de Zurich Financial Services, y sostuvo que las acciones serán transferidas porque "eso es lo que corresponde", debido a que el propietario "siempre fue del Estado". Señaló que, tras recibir los informes jurídicos que ha solicitado, la transferencia se efectuará "en último caso hasta el viernes", en el límite del plazo señalado por el vicepresidente.

"El plazo perentorio no era necesario. La AFP Futuro no se había opuesto" a la decisión anunciada, dijo el empresario. Al igual que Núñez, Bedoya no descartó la posibilidad de recurrir por inconstitucionalidad el decreto.

Las acciones de las petroleras renacionalizadas que administran Previsión y Futuro suman 786 millones de dólares (614 millones de euros).

Reforma agraria

Además, el Gobierno boliviano ha dado a conocer los decretos supremos para dotar tierras a los sectores más necesitados, originarios, campesinos, indígenas y mujeres, en lo que supondrá una segunda reforma agraria por la que se distribuirán hasta 4,5 millones de hectáreas.

El anuncio lo realizó ayer desde Cochabamba el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, quien aseguró que ya está al tanto el presidente Evo Morales de la decisión y que una vez que firme los decretos, algo que podría ocurrir hoy o mañana, entrarán en vigor, según informa la prensa local.

Así, el Ejecutivo propone modificaciones a la Ley 1.715, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para poner en marcha un proceso masivo de reversión de tierras que no cumplen la función económica y social, agilizar el saneamiento e implementar cambios en el ordenamiento jurídico agrario.

"Nadie expropiará tierras, se garantizará la propiedad que está cumpliendo la función económica y social, como dice la Constitución", aseguró García Linera, quien precisó que los decretos permitirán la redistribución de entre dos millones y 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales a pueblos indígenas, originarios y campesinos.

La dotación de tierras ya fue tratada durante la gestión de Jorge Quiroga, en agosto de 2001, cuando el Ejecutivo se comprometió a entregar 3,8 millones de hectáreas de tierras en favor de familias indígenas. Las propuestas tienen un enfoque de género porque tendrán tratamiento preferente las mujeres indígenas, jefas de familia.

Con relación a los asentamientos humanos, el Gobierno establece salvaguardas como el respeto al uso mayor, o lo que se conoce como la vocación, de la tierra y el compromiso del Estado, a través de prefecturas y municipios, de respaldar la organización, la institucionalidad, el financiamiento y técnicamente a este proceso.

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales, (CEJIS), Carlos Romero, dijo que el anuncio "es un intento de reconducir el actual proceso de saneamiento, porque una reforma agraria implica otros componentes". En todo caso, agregó, con estas medidas se da seguridad jurídica a quienes trabajan su tierra.

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