El plazo del Ejecutivo de La Paz está estipulado en uno de los artículos de un decreto supremo promulgado ayer por la mañana por el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, en el Palacio Quemado, sede gubernamental.

García Linera, que ejerce de presidente interino en ausencia de Evo Morales -de gira por Europa-, dijo que «habrá una intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro».

El vicepresidente se refería a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que en Bolivia gestionan desde 1997 un depósito denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Este fondo está compuesto de las acciones que los ciudadanos bolivianos poseen en diez firmas mixtas que surgieron de la privatización parcial de cinco empresas estatales en la década pasada.

Entre las firmas mixtas se hallan Andina, subsidiaria de la hispano-argentina Repsol YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, y Chaco, del grupo británico British Petroleum, resultantes de la desmembración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Controles

El FCC controla acciones por un valor de 1.600 millones de dólares (unos 1.250 millones de euros), de los que alrededor de 700 millones de dólares (unos 546 millones de euros) corresponden a las petroleras ahora nacionalizadas. Una de las AFP es Previsión, filial del español Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria (BBVA), y la otra, Futuro, del suizo Zurich Financial Service.

Además del FCC, ambas controlan también el Fondo de Capitalización Individual (FCI), creado con aportaciones de los trabajadores bolivianos para su jubilación.

El nuevo propietario de esas acciones ahora es justamente YPFB, al que las autoridades bolivianas han reflotado para dotarle nuevamente del control del negocio petrolero con vistas a obtener mayores beneficios para el país en detrimento de las multinacionales que hasta ahora lo han dirigido. Uno de los principales obstáculos para ejecutar la medida, la necesidad de cumplir con un pago de un bono solidario para ancianos conocido como Bonosol y que se obtiene de los dividendos del FCC, fue sorteado por García Linera al anunciar que, con sus beneficios, YPFB se hará cargo de ese compromiso.

Sin embargo, en caso de no poder cumplir con el pago del Bonosol existe el peligro de que los ciudadanos demanden a las AFP, pues originalmente fue a ellas a las que se les encargó la gestión de ese fondo, según han advertido las gestoras. El BBVA se ha mostrado dispuesto a entregar al Estado boliviano las acciones que gestiona de las empresas petroleras nacionalizadas por el Gobierno de Morales y cancelar al mismo tiempo las obligaciones asumidas en materia de pensiones en Bolivia a través del Bonosol, según fuentes de la entidad financiera en Madrid.