Se ha hablado muchas veces del 'Primer Comando', sobre todo cuando se ha pisado su terreno con programas de erradicación de la pobreza o de recuperación de armas ilegales en manos privadas, pero no se esperaba una reacción tan brutal. El escenario de la situación es el estado de Sao Paulo, el vigoroso territorio industrial del Brasil dinámico que, sin embargo, combina un creciente progreso material con una desestructuración social clamorosa, tantas veces denunciada por la Iglesia. Que el hampa haya alcanzado tal implantación y disciplina se explica justamente porque, en el mejor estilo de las tríadas asiáticas o la mafia ítaloamericana tradicional, estos cárteles mafiosos proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio estado en las barriadas marginales e incluso les da ciertas garantías económicas. No es de extrañar así que su lealtad esté asegurada a prueba de cargas policiales.

La crisis ha rebasado ya la pura dimensión del orden público y así lo acredita la polémica que se ha suscitado entre diversos factores sociales y económicos en la gran metrópoli y, sobre todo, entre autoridades federales y estatales. El popular ex gobernador, Geraldo Alckmin, adversario del presidente Lula y su contrincante en las próximas presidenciales, ha entrado de lleno en el debate y lo ha politizado abiertamente, lo que augura una pésima dinámica en la resolución del conflicto. En primera instancia las autoridades no tienen más remedio que establecer el orden, acabar con los motines carcelarios y cumplimentar el programa de dispersión de presos peligrosos. Pero a medio plazo también deberán ponderar, y el presidente Lula parece tenerlo claro, si se atiende a sus comentarios desde Europa, el conjunto de factores que han hecho posible una situación de tamaña emergencia social, impropia de un país cuyo peso en el mundo crece cada día.