Sin embargo, en el encuentro que ayer reunió en Madrid a los responsables de consumo del Ministerio de Sanidad y sus homólogos autonómicos no todo fue sintonía. Varias comunidades, la mayoría del PP y también algunas del PSOE, se quejaron de que el Ejecutivo central se ha precipitado al asegurar que eran las autoridades regionales las responsables de haber controlado las sospechosas actividades de las dos sociedades filatélicas intervenidas por la Audiencia Nacional.

El subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, afirmó que hay un acuerdo «mayoritario» para encarar una reforma legislativa, que buscará «más transparencia, información y garantías».