Por tan sólo tres votos de diferencia, la votación celebrada ayer en el pleno del Senado cierra la larga y trabajosa tramitación del nuevo Estatut de Cataluña, paso previo a que los ciudadanos catalanes tomen la palabra en el próximo referéndum. La ajustada mayoría con que pudo ser aprobado el texto, gracias a la abstención de los senadores de Esquerra Republicana de Cataluña -después de haber votado afirmativamente en el Congreso de los Diputados y anunciar hace unos días que lo harán en contra en la consulta popular en Cataluña-, da idea del cúmulo de contradicciones y dificultades que ha sufrido la reforma impulsada por el presidente Rodríguez Zapatero. Lamentablemente, cualquier parecido de la elaboración de este tercer Estatuto de Cataluña con el clima y la ilusión que impulsó la puesta en marcha del Estatut de Sau, en la transición democrática, es pura coincidencia.

Con el punto final de la tramitación institucional no terminan, sin embargo, los problemas para este capítulo de la vida política catalana, porque aún está por ver si dentro de poco más de un mes, el 18 de junio, cuando se celebre el referéndum, el actual Gobierno tripartito seguirá o no ocupando el poder bajo la presidencia de Pasqual Maragall. Todas las fuerzas políticas que han sufrido un profundo desgaste a lo largo de este año, especialmente los socialistas y ERC, están deseosas de pasar página cuanto antes. Pero al mismo tiempo saben que es necesario un gran esfuerzo político en este último tramo para evitar que un rechazo en las urnas descarrile todo el proceso y arrastre en su fracaso a buena parte de la clase política catalana, amén de afectar seriamente al presidente Zapatero.

Sobre el resultado del refrendo popular del Estatuto se cierne no sólo la sombra de la abstención, técnicamente muy alta en procesos de este tipo, sino otros peligros derivados del caótico proceso político -mezcla de estrategia y tactismo en la lucha por el poder- que ha acompañado la reforma. La tentación de una parte de la ciudadanía catalana de utilizar el 'no' para castigar a un Gobierno tripartitito que se ha mostrado ineficaz y problemático, no debiera ser minusvalorada. Tampoco merece ser desechado el peso que puede tener en las urnas la saturación, el hastío y la irritación de sectores profesionales y empresariales de Cataluña que han contemplado cómo se deterioraba su imagen y aparecían interferencias en su actividad comercial por la torpeza de sus políticos a la hora de gestionar la coyuntura política y las relaciones con otras comunidades.

El desgaste del tripartito va a pesar como una losa hasta el mismo día del plebiscito; de hecho, existen serias dudas de que la Generalitat pueda acometer una campaña del referéndum sin que Esquerra asuma sus responsabilidades. No sería descabellado pensar en el forzado surgimiento de una crisis en estas semanas, de manera que ERC -principal responsable de la imagen de división- pagase de antemano la factura de su mala gestión saliendo del tripartito. Porque ninguna fuerza política está dispuesta a asumir el coste de un mal resultado el 18-J y, sin embargo, todos admiten que sería un gran fracaso de la clase política de Cataluña y el triunfo de las posiciones mas polarizadas de ERC y el PP. A partir de ahora, de la pericia con que se gestione la política y la campaña previa a la consulta popular por las fuerzas políticas interesadas en sacar adelante el nuevo Estatuto, dependerá el resultado final y la indispensable legitimación popular de un texto que, guste o no, tiene importantes apoyos políticos e institucionales y que está destinado a servir de nuevo marco jurídico al engarce constitucional de Cataluña.