Por contra, el equipo de Gobierno defiende la legalidad de la propuesta y destaca que «aseguramos la reclasificación de todos los agentes que se encuentren en posesión de la titulación requerida. El resto deberá pasar el curso de capacitación, tras lo cual serán integrados en el grupo profesional C».

Esta declaración choca frontalmente con las aspiraciones de la policía al entender que la medida «causa un agravio comparativo entre los trabajadores, provocando situaciones en las que un policía en prácticas cobre más que otro agente que lleve veinte años de servicio».

Las diferencias se repiten en lo que a las retribuciones económicas se refiere. Por ello, los agentes no descartan las movilizaciones como medida de presión.