Las denuncias de las centrales sindicales llegaron a la mesa del fiscal jefe el pasado día 2. Según exponían, seis de los ocho aspirantes aprobados en las pruebas de selección están vinculados «familiarmente o con algún otro tipo de relación» con altos cargos del Gobierno de La Rioja (sobre todo, de la Consejería de Salud) y del Ayuntamiento de Logroño. Cuatro días más tarde, más de un centenar de ciudadanos afectados por las supuestas regularidades que se cometieron en las oposiciones tomaron el Palacio de Justicia para entregar personalmente en la Fiscalía sus denuncias particulares.

«Cartas marcadas»

Ayer, el Partido Socialista convocó una rueda de prensa para ofrecer su visión del tema. La diputada regional Idoya Tomás elevó a siete el número de opositores que «jugaban con las cartas marcadas» aquel 22 de abril, día de las oposiciones. Se trata, según Idoya Tomás, de personas con una relación «bastante íntima» con miembros del PP. Entre ellos citó al hermano del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, y a la hija, un sobrino y parientes cercanos de una persona de confianza de Soto en la consejería de Salud, así como la mujer del alcalde de Alcanadre.

Por eso, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia parlamentaria «urgente» del consejero de Salud, Pedro Soto, y pedirá también «explicaciones» al presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, porque «es cómplice de esta situación».