El PP ha recogido cuatro millones largos de firmas a favor de un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña, y el líder 'popular' Rajoy las llevó ayer, en diez furgonetas, hasta la fachada principal del Congreso, al pie casi de los leones. 876 cajas, como de zapatos, albergaban tan alta cantidad de avales a una proposición no de ley que autorizase el referéndum. La proposición no va a prosperar y el vibrante esfuerzo realizado por la militancia del PP a lo largo y ancho del país, incluso en Barcelona, va a entrar en vía muerta.
Recoger firmas podría ser más sencillo que saber qué hacer con ellas, pues una vez finalizada la tarea de justificarlas, con finos argumentos de Derecho Constitucional, habría que emprender la tarea de borrar inteligentemente la sensación negativa que en amplios sectores de la sociedad catalana parece haber causado esta arremetida de supuesto carácter 'españolista' contra el nuevo 'estatut', aún en fase de proyecto. En cierto sentido, estos millones de firmas suponen un fuerte aval a las tesis digamos 'territoriales' del PP, pero también serían la lápida conmemorativa del mayor desencuentro del PP con el nacionalismo catalán.
Aseguraba ayer Rajoy que «esto no va contra nadie», negándose a aceptar que por desacuerdo con determinados partidos políticos «se nos diga que somos anticatalanes, antiespañoles o antigallegos». (No dijo Rajoy antivascos, tal vez por la delicadeza del momento). Según el líder 'popular', desde las reformas estatutarias se estaría configurando una España confederal, y eso lo tiene que decidir el conjunto de los españoles. En palabras textuales: «Creo que es exquisitamente democrático, diría que es una exigencia democrática y espero que el señor Rodríguez Zapatero lo acepte, el que aquellas cosas que afectan a los españoles y son esenciales, porque son las reglas de convivencia y las formas de jugar, deben decidir todos los españoles y no sólo una parte de ellos».
En la acera de enfrente, los socialistas parecían no caber en sí de gozo, y no por haber confirmado a Diego López Garrido como sustituto de Pérez Rubalcaba en el grupo parlamentario sino, muy especialmente, porque tantas firmas como había depositado Rajoy ante el Congreso despertaban en la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, ciertos sarcasmos, como el de decir que el PP había dejado fuera de la petición de referéndum al 60 por ciento de sus votantes y el de añadir que la oposición mira hacia atrás, por lo que «vamos a tener que trabajar, no digo que haciendo de Gobierno y oposición, pero sí facilitando la tarea de la oposición». Y el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, ante los datos de las últimas encuestas, desbordaba su alborozo con la frase de que se está jugando un partido en que se ha ganado la primera parte.
Da la sensación de que el Gobierno desea ayudar al PP a hacer oposición, desviándole de la línea férrea que mantiene la cúpula del partido en sintonía con Faes.