El dictamen del CES, no vinculante en cualquier caso, informa favorablemente el proyecto de ley, aunque con algunas matizaciones, como la posible invasión de competencias municipales y el aviso sobre la figura del agente urbanizador que «no debe suplantar otros sistemas más eficaces como el de compensación o el de cooperación».

En cualquier caso, los mayores reparos vienen de los sindicatos firmantes del voto particular. Se trata en este caso de diferencias de concepto que afectan a la propia clasificación del suelo. En este sentido, se advierte de que el cambio de criterio, impulsado ya en la ley estatal de 1999, sobre el suelo urbanizable (todo salvo el no urbanizable por razones medioambientales, agrícolas o forestales) no ha servido para abaratar la vivienda, sino «todo lo contrario».

En cuanto a la VPO, los sindicatos proponen elevar el porcentaje del 30 al 40% y que la obligación de extienda también a los municipios de menos de 5.000 habitantes que se hallen en zonas de influencia de otros de población superior (el Logroño Metropolitano, por ejemplo). Los firmantes del voto particular proponen también elevar hasta el 15% las cesiones obligatorias de suelo a los ayuntamientos e igualmente sin reducción por número de habitantes cuando se trate de poblaciones en las áreas de influencia de las ciudades.

El proyecto de ley ha sido debatido durante meses con los agentes sociales (no con los partidos políticos) y se han admitido el 60% de las 500 alegaciones presentadas.