Estas declaraciones en la escuela de primavera del PSC de Lérida se produjeron en un día con abundantes reacciones sobre la decisión del Supremo, entre ellas la del líder del PP, Mariano Rajoy, que exigió ayer el cese del ministro de Industria, José Montilla, al que considera, al igual que al presidente del Gobierno, «responsable del desaguisado y del ridículo que estamos haciendo en Europa».

Rajoy, en Sevilla, dijo que esta petición no es una afirmación desde de la oposición, «sino que estoy cumpliendo una mínima exigencia democrática».

Por su parte, el ministro de Industria, José Montilla, en Masies de Roda (Barcelona), calificó de «ocurrencias» la postura de dirigentes del PP de pedir responsabilidades políticas y dijo que esta petición «ya estaba en el guión» y no tiene «relevancia» por «previsible y por carecer del más mínimo rigor».

El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo también que «es sorprendente» que Rajoy «se haya apresurado a mostrar su alegría por esa decisión», y le ha acusado de querer que «una empresa extranjera, y no una española, controle el mercado energético español». Asimismo, reiteró que la decisión del Supremo «se trata de una medida cautelar que no afecta al fondo del asunto» y ha añadido «no conocemos todavía el contenido de los votos particulares» sobre la decisión. En este contexto, comentó que la decisión del Tribunal Supremo «es recurrible» y que «la acción del Gobierno ha sido la adecuada».

Por su parte el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dijo ayer en Alcalá de Henares, en Madrid, que acata pero no comparte la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la autorización del Gobierno a la opa de Gas Natural sobre Endesa. Llamazares manifestó que «los gobiernos tienen que tener capacidad de incidir en la política económica para el interés de los ciudadanos y el interés del medio ambiente, y el Gobierno tiene que tener capacidad de incidir en materia de política energética en particular».

Agregó que «aunque una mayoría de jueces piense que es el mercado el que regula estas cosas, como es un sector regulado ya, en los precios y en prácticamente todo, hay que defender la intervención pública para defender los intereses de la mayoría».

«Decisión atípica»

El diputado de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrea, advirtió ayer de que la decisión del Tribunal Supremo de imponer unos avales a Endesa perjudican económicamente a esta compañía.

«Estas medidas cautelares con un aval de 1.000 millones que sigue a otro aval de 1.000 millones que ya ha tenido que poner Endesa para que se llevara a cabo la decisión del Tribunal de lo mercantil de Madrid, suponen una profunda descapitalización de Endesa", reflexionó ayer Herrera.

«Por lo tanto, sé que las decisiones judiciales acabaran yendo contra los intereses de los accionistas de Endesa», concluyó Herrera, tras su participación en una jornada sobre cooperación que la formación política celebra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonés).

Joan Herrera advirtió que desde ICV «consideramos la decisión profundamente atípica. Es la primera vez que el Tribunal Supremo decide suspender una decisión del Gobierno y la primera vez que el poder judicial se inmiscuye en espacios que corresponden al Ejecutivo, rompiendo el principio básico de la división de poderes», aunque puntualizó que acatan la decisión.