Ayer se cumplieron dos años desde la investidura del presidente Zapatero, aniversario al que ha llegado el jefe del Ejecutivo en un momento dulce tras haber superado el ecuador de la legislatura con un balance positivo de la economía nacional, rebajando la tensión provocada por la reforma del Estatuto de Cataluña y habiendo conseguido abrir expectativas realistas de que la violencia terrorista de ETA puede desaparecer tras la declaración del alto el fuego permanente. En estos dos años las incógnitas sobre la capacidad del nuevo presidente salido de las urnas el 14 de marzo del 2004 tanto en relación a la gestión política como al control sobre el conjunto del PSOE se han ido despejando al tiempo que ha consolidado su poder poniendo de manifiesto que lejos de la imagen de fragilidad que se le atribuyó en los primeros meses, Zapatero se ha mostrado como un político correoso y decidido. Constatada, pues, la estabilización personal de Zapatero al frente de su hemisferio político es claro que la valoración de su ejecutoria plantea evidentes claroscuros. El Gobierno ha ido cumpliendo buena parte de sus promesas electorales con la retirada de las tropas de Irak como referente emblemático, y centrando sus esfuerzos en desmontar algunos de los proyectos mas señalados de la anterior administración como la Ley de Calidad de Educación o el Plan Hidrológico mientras se esforzaba en activar importantes regulaciones legales sobre el maltrato doméstico, el matrimonio de personas del mismo sexo o la reducción de plazos para el divorcio.

En el ámbito del desarrollo institucional es evidente, de una parte, que el desarrollo de los dos grandes asuntos de la legislatura, la reforma territorial y el llamado 'proceso de paz' del País Vasco, están sujetos aún a serias incógnitas en su desenlace final. Está por ver que el 'modelo catalán' sea un precedente pacífico y funcional que permita un desarrollo armónico de las autonomías y un equilibrio cabal entre el papel del Estado, garante del interés general, y el de las comunidades. Y en la cuestión vasca, se mantienen todavía potentes razones para el escepticismo, toda vez que son evidentes las dificultades de encauzar la desactivación del terrorismo sin concesiones que lesionen los insoslayables principios democráticos.

De otra parte, suscita grave preocupación que la mayoría política y el principal partido de la oposición hayan roto absolutamente todos los pactos de Estado, con la precaria salvedad del consenso antiterrorista, que parece haberse recuperado a raíz del 'alto el fuego' etarra. Hoy, ni siquiera es imaginable el acuerdo preciso para llevar a cabo una reforma constitucional sobre asuntos que la hacen aconsejable (como la reforma de la línea sucesoria de la Corona para eliminar la preferencia del varón). Hoy puede, con todo, asegurarse que el PSOE en el Gobierno ha culminado con éxito su relevo generacional, ha consolidado el recambio y ha superado la crisis provocada por el final caótico de la etapa González. Pero los dos años que quedan de legislatura serán decisivos para confirmar que la tarea de Gobierno Zapatero no sólo responde a necesidades coyunturales de respaldo parlamentario a su exigua mayoría sino que engarza con una línea beneficiosa para el conjunto de los intereses de España y su futuro.