La creación de un Juzgado específico para tratar los casos de violencia de género se había convertido en una de las principales reivindicaciones del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja después de que en diciembre del 2004 el Congreso aprobara la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que apostaba por potenciar el trabajo de la Administración de Justicia en este terreno. En la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 2 del TSJR es el que se encarga de recoger todas las denuncias por malos tratos, pero su dedicación no es exclusiva.

Sobre el tema principal de su visita a Logroño, López Aguilar confirmó que el Ministerio ha elegido a Logroño como «ciudad piloto» para la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, que estará en funcionamiento «después del verano». En palabras del ministro «la Oficina Judicial supone una apuesta por la modernización sin precedentes», basada en la mejora del conjunto de recursos personales, materiales y tecnológicos que sirven de apoyo al juez en el desarrollo de su trabajo diario.

Sobre la ansiada construcción de un nuevo Palacio de Justicia para La Rioja, López Aguilar matizó que se han ido cumpliendo «todos los trámites del procedimiento administrativo previo, solventándose todas las dificultades que nos impedían poner en marcha la redacción del proyecto del nuevo Palacio». De modo que, una vez confirmado que el antiguo cuartel de Murrieta es el lugar elegido para su ubicación, y que «en breve» se efectuará la cesión del inmueble de Patrimonio del Estado al Ministerio de Justicia, el siguiente paso será la redacción del proyecto de obras, que estará lista «en unos meses». El ministro no se atrevió, sin embargo, a pronosticar una fecha de inauguración aproximada del inmueble. «Estamos trabajando en ello sin pausa y sin desmayo», se limitó a decir.

Por último, López Aguilar cuantificó en 8,5 millones de euros el «coste efectivo de la Administración de Justicia en La Rioja» de cara al posible traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma. Esa cuantía -dijo- «está determinada por la Ley y no puede ser inventada». El ministro aseguró que «la voluntad del Gobierno de completar el mapa de traspasos» en materia de Justicia es «clara» y pidió al Ejecutivo autonómico «correspondencia a esa voluntad negociadora».