En el debate sobre la liberación de vías prácticamente ha pasado desapercibida la opinión de las concesionarias que, a la postre, son las que tienen que llegar a un acuerdo con el Ministerio (en el caso de la AP-1, la supresión del peaje en el entorno de Miranda conllevó ampliar la concesión).

La mayor parte de las empresas, como Avasa (AP-68), ha reaccionado con prudencia a la política de 'rescates'. La Vasco-Aragonesa siempre ha defendido los peajes, porque «los servicios deben pagarlos quienes los usan», si bien se ha mostrado abierta a estudiar «cualquier proyecto». Sin embargo, otras, como la concesionaria de la autopista que enlaza con Barajas, se han opuesto de forma abierta.