La dependencia es uno de los problemas que tienen que afrontar las sociedades del bienestar de este comienzo de siglo. En nuestro país, más de 1.125.000 personas no pueden valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria y, debido a la tendencia demográfica, esta cifra aumentará considerablemente en los próximos años. En La Rioja, y según los datos de los expertos, cerca de 9.000 personas son dependientes.

La atención a estas personas recae mayoritariamente en el ámbito familiar y, especialmente, en las mujeres, que representan el 83% de los cuidadores familiares. Además, sólo el 6,5% recibe ayuda de los servicios sociales.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido afrontar el reto de la atención a este grupo de población, estableciendo un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes que, por su amplitud y calado, será el cuarto pilar sobre el que se asiente nuestra sociedad del bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el Sistema de Pensiones.

No se trata, de ningún modo, de un salto en el vacío. En 2004, cuando José Luis Rodríquez Zapatero me encomendó que coordinara el programa electoral, no teníamos ninguna duda de que uno de los principales compromisos que debíamos incluir era el de elaborar una ley sobre la que se asentara la cobertura y asistencia universal a los ciudadanos en situación de dependencia. Así, hemos cumplido el compromiso y el Consejo de Ministros remitirá en los próximos días al Parlamento el Proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas Dependientes, con el que definitivamente se ha comenzado a hacer realidad el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Esta ley reconoce un nuevo derecho de ciudadanía en España: el de las personas dependientes a ser atendidas por el Estado, y garantiza asimismo una serie de prestaciones, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros día, plazas residenciales, ayudas a los familiares cuidadores...

El futuro Sistema Nacional de Dependencia tendrá un periodo de implantación que abarcará desde el 1 de enero de 2007 hasta el año 2015. Así, ya desde el próximo año, se atenderá a las personas más gravemente afectadas y, progresivamente, se garantizarán las prestaciones al resto de personas dependientes.

Para la financiación del sistema, el Gobierno ya ha comprometido una inversión de cerca de trece mil millones de euros, lo que convierte a esta iniciativa en el proyecto de ley con la financiación más ambiciosa de la legislatura. Creemos que no se deben escatimar esfuerzos para el proyecto más importante de esta legislatura. Por ello, estoy seguro de que las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia, aportarán la parte que les corresponde. Ningún ciudadano entendería que no se implicaran en la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas.

La sociedad española ha generado empleo y riqueza en las últimas décadas y era justo que repercutiera en las prestaciones sociales que ofrece a sus ciudadanos. Este Gobierno quiere adecuar el crecimiento económico a más bienestar social. Pero no debemos observar la espectacular inversión que va a afrontar el Gobierno central en la dependencia como un gasto, sino que lo debemos valorar como una inversión. Según todos los expertos, la implantación del Sistema Nacional de Dependencia generará importantes retornos económicos y conllevará la creación de al menos 300.000 puestos de trabajo. En La Rioja, se crearían cerca de 3.000 puestos de trabajo, sin tener en cuenta a los cuidadores familiares que pudieran percibir una compensación económica y un alta en la Seguridad Social.

Quiero resaltar que éste es un proyecto de país que debemos construir entre todos y en el que las comunidades autónomas tienen que jugar un papel decisivo ya que, en el ejercicio de sus competencias, gestionarán las prestaciones del sistema en su territorio. En este sentido, estoy convencido de que el Gobierno de La Rioja impulsará adecuadamente la creación de este nuevo derecho de ciudadanía.

El Gobierno está decidido a construir este cuarto pilar del Estado del Bienestar y a reconocer este nuevo derecho. Estamos convencidos de que un país con más derechos es un país más digno y con más igualdad. Y con la ley de dependencia y el futuro sistema lograremos este objetivo y avanzaremos hacia la verdadera justicia social. Tenemos una deuda histórica con las personas mayores y las personas con discapacidad de nuestro país. Es el momento de saldarla.