La operación 'Malaya' en Marbella va deparando un lento goteo de noticias que, no obstante, apuntan coherentemente en una misma dirección: la existencia de indicios consistentes para imputar numerosos delitos a los principales dirigentes del Ayuntamiento de la ciudad de la Costa del Sol y a una trama empresarial complementaria en torno al recién encarcelado asesor urbanístico del consistorio. En este carrusel de informaciones en algunos casos muy sorprendentes, como la descripción del patrimonio fabuloso de ese asesor señalado como cerebro de la trama durante años en tanto la alcaldesa queda caricaturizada como 'marioneta' suya en el propio auto judicial, hay que poner un punto de sordina a la exageración. Tal vez sea inevitable que determinados medios conviertan ese material en carnaza, pero, en este clima de descomposición, conviene fijar rigurosamente los puntos de referencia: restablecer la legalidad en Marbella, defender los intereses lesionados de la ciudadanía y propiciar la normalización política facilitando una transición que deberá quedar definitivamente sancionada en las próximas elecciones.

Con la detención de Isabel García Marcos y su previsible ingreso en prisión -medidas cautelares lógicas para evitar la destrucción de pruebas, aunque no concluyan la culpabilidad de los delitos imputados- queda descartada cualquier posibilidad de sostener el equipo de gobierno que rige Marbella desde la moción de censura planteada en 2003 por el «gilismo» con el apoyo de concejales del PSOE, posteriormente expulsados de la formación, y el PA. La presunción jurídica no rige en política, y en este plano la alcaldesa y la primera teniente de alcalde tienen su crédito agotado. Por demás, cualquier hipótesis de futuro colisiona con la evidencia de un Ayuntamiento ultraatomizado, cuyos veintisiete concejales están distribuidos en nueve marcas distintas, con una irreconocible suma de siglas en varios grupos mixtos y una debilidad imposible para los grandes partidos nacionales que deben pilotar el horizonte.

La administración autonómica, como el Gobierno actual y el anterior Ejecutivo del Partido Popular, han tratado de eludir el primer precedente en España de la disolución de un Ayuntamiento, medida ni siquiera adoptada en las localidades políticamente más conflictivas del País Vasco. Sin embargo, el Ayuntamiento de Marbella queda ya, de facto, descabezado y en una situación económica realmente muy delicada. Así pues, la hipótesis de una comisión gestora parece la vía más razonable para comenzar a atender los objetivos de la legalidad, recuperación económica y normalización política. Esta solución requiere un clima si no de estricto consenso, al menos de gran compromiso por parte de todos los actores en escena. Toda crisis se presta al pim-pam-pum pero la situación de Marbella no admite ahora desgastes oportunistas. El electoralismo de regate corto debe quedar postergado y circunscrito a la campaña electoral de la primavera del año próximo. Hasta entonces, las decisiones de la gestora deberán ser transparentes y neutrales, despejando cualquier temor de partidismo, para merecer el necesario voto de confianza.