HAY sectores económicos en los que la corrupción es el componente esencial de la política de las empresas y las personas: el negocio armas, las obras públicas, los transportes colectivos, los suministros, la licencias y contratas de las Administraciones Públicas. Pero en ninguno se producen casos tan flagrantes de delitos como en el los de la organización del territorio y el urbanismo en manos municipales. La forma particular de perversión que caracteriza la corrupción urbanística no consiste sólo en violar las normas destinadas a proteger el interés general, sino en sustituir la lealtad jurídica y personal hacia la comunidad por la total identificación con los intereses personales de un jefe o un grupo dominante. Lo determinante no son las prestaciones que se intercambian, sino la estructura de lazos sociales y vínculos de dependencia que genera, la aceptación como normal de la conducta dominante convertida en el eje central del sistema que impera en los negocios.

Todo comienza con el desvío de la ley en beneficio de los amigos; continúa con el nepotismo y la aceptación de obsequios, retribuciones o cargos futuros; prospera con el beneficio personal que las autoridades obtienen de sus decisiones a través de negocios complementarios; se sostiene con el cambio repentino de la fidelidad a su partido por razones pecuniarias; desemboca en la aceptación de sobornos y el cobro de comisiones y, finalmente, queda rematado con la tolerancia oficial hacia el delito organizado a cambio a de compensaciones: es el agujero negro de la democracia.

En ese marco hay que situar la gran operación llevada a cabo ayer por la Policía Nacional contra la presunta trama urbanística de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Ojalá sea el principio de la necesaria mentalización de los políticos acerca de su responsabilidad a la hora de cegar la principal fuente de financiación de sus partidos y el más caudaloso manantial de su medro personal.