Acompañado de la concejal de su grupo Beatriz Arraiz explicó, en rueda informativa, que sólo en los últimos tres años, unos 5.000 riojanos de otros municipios se han instalado en Logroño, a los que se suman ciudadanos de otras regiones que se desplazan por motivos laborales y familiares, además de los inmigrantes.

Detalló que, según esta "insolidaria" convocatoria de ayudas públicas, se concede medio punto por cada dos años de residencia en Logroño, con un máximo de tres puntos para cada solicitante.

Sin embargo, a cuestiones importantes como la situación familiar, se concede un tope de punto y medio, por minusvalía de los niños, familias monoparentales, número de hermanos o si trabajan el padre y la madre.

Según Santos, estas bases "suponen un ataque directo a la cohesión social de la ciudad y vulneran los derechos de los ciudadanos, que sin embargo, tienen las mismas obligaciones sin que se tenga en cuenta los años de residencia en Logroño".

Sobre la falta de fondos sociales, recordó que el Gobierno central adjudicó a La Rioja 1,3 millones de euros el año pasado y este destinará otros 2,1 millones, sobre cuya utilización exigió una explicación del equipo de Gobierno municipal.

El problema es "la falta de estructuras sociales", ya que la guardería 'Chispita' es el único centro público de la ciudad y sólo tiene 80 plazas.

Arraiz añadió que, además, el Ayuntamiento adjudicó a un centro privado una parcela dotacional pública sin obligar a la empresa a concertar alguna plaza y consideró que las dos parcelas de El Arco y La Guindalera se deberían ceder al Gobierno de La Rioja -el organismo competente- para que construya allí guarderías públicas.

Además, dijo que las 400 ayudas al pago de la cuota de las guarderías o "chiquibecas" son insuficientes, ya que la media de subvención son 60 euros mensuales, lo que es "una miseria".

También criticaron que, después de once años de Gobierno municipal y rechazar otras tantas iniciativas socialistas en los plenos para solucionar este problema, el PP anuncia ahora un plan de creación de guarderías públicas que pondrá en marcha en un horizonte de ocho años, pero no cuantifica la dotación presupuestaria.

Por ello, reclamó que se amplíen las instalaciones de la guardería "Chispita" y se aprovechen los edificios de la Casa Cuna y la Residencia Iregua para poner en marcha centros públicos.