Sin duda alguna, el eje del conflicto en torno a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Logroño, que ha anulado la Comisión de Urbanismo del Gobierno de la Rioja, es quién decide, cómo, por dónde y cuándo crece la ciudad.

Esta es la cuestión principal. Estamos hablando de dos opciones: que el Ayuntamiento prosiga la política de programación de suelo diciendo por dónde, cuándo y cómo crece la ciudad en base al interés general y a las infraestructuras que la ciudad necesita para mejorar sus comunicaciones y servicios (que podría no ser igual dependiendo de si gobierna el PP o el PSOE). O bien, como el alcalde anunció hace ya casi un año, que sean los promotores del suelo los que decidan por dónde, cuándo y cómo, en base a sus intereses económicos.

La primera, lógicamente, significa seguir con un crecimiento ordenado de la ciudad, en base a necesidades objetivas, como pueden ser el aumento poblacional, teniendo en cuenta las proyecciones de futuro, y un crecimiento que sea absolutamente respetuoso con el medio ambiente.

La segunda supone seguir creciendo, no en base al interés general ni al ciudadano, sino en el interés de quien tiene el suelo y necesita sacarlo al mercado, construir y vender, aunque luego las viviendas se queden vacías. Lo importante en esta nueva bolsa inmobiliaria no es construir viviendas para quien las utiliza, sino construir viviendas como elemento absolutamente mercantil y especulativo. Alguien tiene que pensar que un crecimiento de la ciudad que no esté basado en el aumento de población sólo conlleva aumento de costes para todos los ciudadanos con el consiguiente aumento de impuestos, pues lógicamente hay que aumentar todos los servicios sin necesidad.

En ese sentido, conviene recordar que la población de Logroño ha crecido en los últimos años un 15%, pero hemos incrementado por encima de la demanda nuestro mercado inmobiliario en más de un 30%.

Por ello, es necesario hacer una revisión del Plan General, a sabiendas de que la adaptación a la Lotur del Plan General del año 2001 era manifiestamente peor que esta modificación, pero también con la convicción de que ésta no es una simple corrección sino la puesta en marcha de un nuevo planeamiento que aumenta las densidades de manera importante, pero excesivas en algunos sectores, cuestión con la que no estamos de acuerdo, ni tampoco con la barra libre que se plantea en esta modificación.

A esto hay que añadirle dos datos recientes: por una parte la aseveración del alcalde de que tenemos suelo disponible para 16.000 viviendas, con lo que estaría cubierta la demanda para los próximos años y, por otra, las cerca de 16.000 viviendas vacías que tenemos actualmente en la ciudad, y que suponen un problema grave de desertización de la ciudad en algunos barrios.

Por otra parte, el gran señuelo de toda esta modificación es el aumento de la reserva de VPO. Hoy, con el Partido Popular gobernando en la Comunidad y en el Ayuntamiento, hemos batido los récords de menos vivienda de protección y de los precios más altos de la historia. Por ello, esta modificación intenta corregir en parte esta situación. Pero realmente, ¿quién sale ganando con ella? Hay que decir claramente que los dueños del suelo. Ya no sólo porque los nuevos módulos de VPO hacen también rentable este régimen, sino porque se incorpora un nuevo modelo de protección dirigido a las clases medias, cuyo coste para una vivienda de 90 metros es de entorno a 192.000 euros (32.000.000 pesetas). Y, especialmente, porque los promotores que controlan el suelo van a ver aumentar el número de viviendas libres que se permiten por cada sector de manera muy importante, más del doble en los sectores donde iban unifamiliares, y casi un 30% en el resto.

Por lo tanto, si alguien gana con este Plan, es una vez más el poder económico, que lógicamente hay que tener en cuenta por lo que de positivo trae para el conjunto de la economía, con la creación de empresas y empleo.

Pero, sin embargo, no conviene olvidar que el objetivo básico de una política urbanística y de suelo tiene que ser el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, cuestión que hoy no se está cumpliendo. Y, por tanto, es necesario aumentar los niveles de VPO para garantizar este derecho y reducir las importantes plusvalías que supone esta modificación para los promotores de suelo de la ciudad.

Estas son las claves de esta discusión porque qué sentido tiene poner en activo todo el suelo urbanizable (no delimitado) que nos queda, que es el mismo que el que ya ocupa la ciudad actual, para hacer otra nueva ciudad sin control, a expensas de quien controla el suelo. ¿A espaldas de los ciudadanos?

Este es el fondo de la cuestión. Lo que no sabemos es cuáles son las razones políticas, no las teóricas que sí las conocemos, por las que el Partido Popular a nivel regional no ha aprobado a Julio Revuelta su megaplán urbanístico. Si las razones fueran las que teóricamente se apuntan en la resolución de la Cotur podríamos coincidir, pero mucho me temo que son otras, y sólo Arancha Vallejo y Julio Revuelta las saben, pues posiblemente no estén muy lejos de intereses personales y sí de los intereses de los ciudadanos.

Por ello, los socialistas creemos necesario proceder a una revisión de verdad del Plan General, programando para los próximos años nuevos sectores en base a las necesidades de la ciudad, con los estudios necesarios, económicos, medioambientales y de población, que consigan de Logroño una ciudad cohesionada y una ciudad compacta. Todo ello con la colaboración de los promotores privados, de las cooperativas y, fundamentalmente, y lo más importante, con la opinión de los logroñeses y logroñesas, con su participación, con su protagonismo, para crecer entre todos, pero creciendo por nosotros mismos, sin imposiciones, entendiendo la vivienda como un elemento de uso y no de especulación.