La ministra de Defensa Nilda Garré -que fue abogada de presos políticos- ordenó ayer levantar el secreto militar e instruyó a sus funcionarios para que «garanticen el acceso irrestricto a la información» sobre crímenes de la dictadura. Los datos podrían servir a causas reabiertas hace dos años cuando se eliminaron las leyes de amnistía.

Actualmente hay más de 500 militares denunciados, la mitad detenidos. Pero además hay todavía muchos jóvenes nacidos durante el cautiverio de sus padres que desconocen su verdadera identidad.

Del total de menores secuestrados o paridos en prisión, estimados en varios centenares, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir a 82. En estos casos, los archivos serían relevantes para ubicar a aquellos niños que hoy tienen 30 años y que viven con la identidad cambiada.