Una vez más, desde la Consejería de Educación tenemos que salir al paso de las declaraciones cargadas de mentiras y calumnias a las que nos tiene acostumbrados la diputada señora Ortega. En esta ocasión, desde la tribuna de este diario y sobre la escolarización de los niños inmigrantes.

Desde esta Consejería queremos aclarar que todos los alumnos, al margen del país de procedencia, tienen garantizado un puesto escolar, con la única condición de estar residiendo en el territorio de la comunidad autónoma de La Rioja.

La normativa autonómica regula el procedimiento administrativo que requiere una solicitud y documento acreditativo de que el alumno reúne los requisitos de edad exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, para el nivel educativo y curso al que pretende acceder, así como la justificación de su presencia en territorio de esta comunidad. Para ello, se admite cualquier documento que lo acredite: certificado de empadronamiento, informe de los trabajadores sociales, diligencia de Cruz Roja o de cualquier centro de información para trabajadores extranjeros.

Recibida la documentación en la Dirección General de Educación, en el plazo de 48 horas se asigna plaza escolar a los alumnos.

Se puede decir que de 1.898 peticiones de plaza escolar recibidas en el plazo extraordinario de escolarización (a partir del 20 de agosto de 2005), únicamente un 0,89% están pendientes de plaza escolar por no haber presentado algún documento exigido por la normativa en vigor.

La Dirección General de Educación presta una atención especial a todas las familias que requieren una plaza escolar y se facilita el apoyo necesario para informarles de los pasos a seguir, pero no se puede olvidar que la Administración debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Lamentamos detraer tiempo del trabajo que exige la escolarización en estas respuestas, pero el respeto a la verdad y al buen hacer de los funcionarios encargados de la escolarización nos obliga a poner las cosas en su sitio.