Dos centenares de presuntos terroristas islamistas han sido detenidos desde el 11-M, la mitad por su implicación en esos atentados y el resto miembros de células que preparaban ataques contra la Audiencia Nacional y otros objetivos en España o de redes de envío de "muyahidines" a Irak.

Los atentados en los trenes del 11 de marzo de 2004 en Madrid colocaron la lucha contra el terrorismo islamista entre las prioridades de las fuerzas de seguridad del Estado, que han visto reforzadas sus plantillas de especialistas en información. A la cadena de detenciones de supuestos implicados en el 11-M, por los que 116 personas han sido imputadas hasta el momento, siguió el arresto en varias provincias españolas de otros 42 presuntos terroristas entre octubre y diciembre de 2004 dentro de las sucesivas fases de la operación "Nova", que permitió neutralizar un plan de ataque suicida contra la Audiencia Nacional.

Desarticulada la célula de Mohamed Achraf

En esa operación, fueron desarticuladas dos células, una de las cuales comenzó a gestarse en 2002 en la cárcel salmantina de Topas en torno al argelino Mohamed Achraf, que fue detenido en Bélgica y entregado a España en abril de 2005. En el auto de prisión para Achraf, el juez Baltasar Garzón concluyó que éste había dado ya la orden de atentar contra la Audiencia Nacional con el objetivo no sólo de acabar con la vida de las personas en su interior, sino también de "destruir los archivos que afectaban a los hermanos 'muyahidines'". El atentado planeado iba a ser, según Garzón, una acción suicida en la que participarían cuatro personas, incluido Achraf, que empotrarían un camión bomba cargado con 500 kilos de explosivo contra la Audiencia.

Una segunda célula en torno al marroquí Maymouni

Otra célula desmantelada durante la operación "Nova" iba, supuestamente, a tomar el relevo de la de Achraf y tenía entre sus potenciales objetivos estaciones ferroviarias y edificios emblemáticos de Madrid como el estadio Santiago Bernabéu. La operación "Nova" desveló vínculos entre los arrestados y algunos de los presuntos autores del 11-M, con los que habían integrado una célula fundada en 2002 en Madrid por Mustafá Maymouni -posteriormente encarcelado en Marruecos por su implicación en los atentados de Casablanca de mayo de 2003- con el objetivo de atentar en España por su participación en la guerra de Irak.

A partir de 2005, la mayoría de las detenciones han permitido ir desarticulando nuevas células dedicadas, fundamentalmente, al reclutamiento y envío de muyahidines a Irak, entre ellos algunos de los presuntos autores del 11-M que se fugaron de España. Las operaciones más importantes del año, "Tigris" y "Sello" se desarrollaron en la segunda quincena de junio y supusieron el arresto de 23 personas en Barcelona, Madrid, Valencia y Cádiz.

Operaciones "Tigris" y "Sello"

La investigación abierta con la operación "Tigris", en la que fueron detenidos 18 miembros de una red supuestamente vinculada a la rama iraquí de Al Qaeda, "Ansar el Islam", llevó en enero de este año a la desarticulación de otras dos células en Madrid y Barcelona y al arresto de 20 personas. Según la Policía, las células desarticuladas en junio de 2005 y a mediados de enero pasado formaban parte de una misma red vinculada al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y dedicada, entre otros cometidos, a enviar combatientes a Irak, bien para sumarse a la insurgencia bien para operaciones suicidas.

Esa red estaba presuntamente dirigida por el marroquí Omar Nakhcha, residente habitual en Bélgica, desde donde presuntamente organizó la fuga de varios autores del 11-M hacia Irak, vía Siria, y arrestado en España en la operación de enero. También fue esa red, según las investigaciones, la que reclutó y envió a Irak al argelino que presuntamente cometió el atentado suicida de noviembre de 2003 contra la base italiana de Nasiriya (sur iraquí), que causó 28 muertos.

Las fuerzas de seguridad desarrollaron a lo largo de 2005 otras operaciones con detenciones masivas de presuntos miembros de redes de reclutamiento para Irak o de obtención de fondos para el GICM o el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Algunas de estas operaciones con arrestos masivos llevaron el pasado 19 enero a representantes de la comunidad musulmana española a exigir al ministro Alonso que las fuerzas de seguridad "afinen más", pues hay personas que después quedan en libertad sin cargos pero "marcadas como sospechosas".