Su paso por la política le ha granjeado una reputación de buen carácter e inclinación al diálogo, ofreciendo, además, pruebas de saber defender posiciones de cierta independencia con respecto al Ejecutivo, pese a pertenecer él mismo al PSOE. Las cualidades personales del hasta ahora secretario de Estado de Hacienda son, por lo tanto, incuestionables. Ahora bien, su impecable trayectoria no le ha librado de suscitar serias dudas sobre su idoneidad para el nuevo puesto al que parece destinarle el Gobierno.

El que podía ser el próximo gobernador del Banco de España, cuando Jaime Caruana termine su mandato el próximo mes de julio, no posee la necesaria experiencia en el campo de las finanzas, su designación rompe la tradición de consenso que ha habido entre los partidos políticos para la elección del gobernador, y, al ser un miembro del Gobierno, no queda asegurada la total independencia que ha de tener un organismo como el Banco de España. Aunque la formulación de la política monetaria ha sido transferida al Banco Central Europeo, el Banco de España sigue teniendo influencia en ella al participar en las decisiones del propio Banco Central Europeo.

Pero, sobre todo, controla y gestiona el cambio de divisas y sus reservas, vigila el buen funcionamiento del sistema financiero, asesora al Gobierno y ejerce como regulador de las entidades de crédito y agente financiero de la deuda pública.

El nombramiento del gobernador del Banco Central tiene, pues, una importancia económica de primer orden. Y que el elegido sea un miembro del Gobierno puede tener fuertes repercusiones políticas, especialmente después de las dudas suscitadas por Luis Berenguer al frente del Tribunal para la Defensa de la Competencia y de María Teresa Costa en la presidencia de la Comisión Nacional de la Energía. La vocación interventora del Gobierno, y las muestras claras que está dando de haber perdido la referencia de los verdaderos «intereses generales», hacen pensar que las presiones a las que pueda verse sometido el Banco de España en el futuro pueden llegar a implicar un riesgo regulatorio más para nuestra economía. Eso sería una pésima noticia.