Es la primera consecuencia de la nueva regulación que el Gobierno aprobó por decreto, que extiende a todas las empresas 'opantes' -y no solo a las españolas con actividades reguladas-, la exigencia de pasar un examen de sus capacidades financieras para averiguar si pueden cumplir los compromisos inversores en los sectores en regulación. Por real decreto ley se ampliaron las competencias de la CNE a la protección de «intereses estratégicos» de España en el ámbito energético.

Una vez comunicada la opa de E.ON a la CNE empieza a correr el plazo de un mes para proceder a su estudio y al correspondiente dictamen vinculante, que puede concluir con autorización, permiso condicionado o veto. Este periodo se puede ampliar si se requiere ampliación de la información, y así ocurrió con la opa de Gas Natural, de manera que se prolongó hasta dos meses.

Pero la opa de E.ON va para largo porque, entre otras cosas, el consejo de la CNE aún no ha empezado a estudiar las nuevas tareas que le corresponden en aplicación del real decreto. La presidenta de la CNE, Maite Costa, explicó que los técnicos están trabajando ahora en otros expedientes, como el plan de desinversión de activos o la propuesta de subasta de gas planteados por Gas Natural para cumplir con las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

De otro lado, E.ON ha firmado un crédito por valor de 32.000 millones de euros, el mayor de la historia europea, que entregarán cuatro grandes bancos con la intención de financiar la opa sobre Endesa. Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC ya recibieron el mandato y que E.ON ha firmado la línea de créditos, por lo que se trató de un procedimiento ordinario. E.ON ha ofrecido 29.100 millones en metálico, ó 27,5 euros por cada acción, por Endesa.

Bronca política

Las fuerzas políticas parlamentarias, con excepción del PP, apoyaron ayer las tesis del Gobierno en su defensa de que los centros de decisión de las empresas energéticas permanezcan en España. La opa de E.ON y la preocupación sobre el futuro de los activos o el suministro energético en los territorios, ha supuesto un revulsivo y provocado esa coincidencia de opiniones en la Comisión de Industria, durante la comparecencia de la presidenta de la CNE.

El portavoz de este grupo parlamentario, Fernando Castelló, enjuició en muy duros términos la actuación de Maite Costa, a la que acusó de ejercer de «comisaria política y cómplice activo del Gobierno para culminar una demoledora operación que pone al regulador al servicio de los intereses de un grupo empresarial».

Según Castelló, Costa «actuó sin escrúpulos y con acciones que podrían ser calificadas de prevaricadoras». «Usted y su partido han dinamitado la credibilidad e independencia del regulador», concluyó el parlamentario popular, que atribuyó este proceder a la «sumisión de Zapatero a las exigencias de sus socios parlamentarios» y a la necesidad del ministro Montilla de «pagar favores» a La Caixa.