La nueva campaña de cartas de ETA a los empresarios para que cedan a su chantaje muestra el grado de crueldad al que ha llegado la banda terrorista en su intento por conseguir fondos con los que financiar su actividad delictiva. En el texto, remitido a industriales que han sufrido atentados con bomba, ETA les advierte de que «es la última carta» para que paguen y como instrumento de presión incluye fotografías recientes de las esposas e hijos de los empresarios cuando se dirigen a centros escolares o a realizar sus actividades habituales. Además, les recuerda que el haber sufrido ataques anteriores no les libra de ser objetivos.

Tras esta amenaza explícita, la banda terrorista les exige el pago de cantidades que van de los 30.000 a los 210.000 euros más el 5% de interés por cada año de retraso en el pago.

Organizaciones empresariales y partidos democráticos condenaron la campaña de extorsión, demandaron que no se pague a ETA y alertaron sobre las consecuencias negativas que esta acción terrorista tiene sobre el proceso de paz.

La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azcarate, mostró su apoyo a los empresarios amenazados y consideró una «práctica mafiosa» la extorsión que practica ETA.

El Círculo de Empresarios Vascos señaló que la campaña de extorsión busca «aterrorizar» a un colectivo importante de la sociedad vasca y muestra «el talante delictivo y la nula intención pacífica» de ETA. Esta asociación demandó el «amparo» de las instituciones y del conjunto de la sociedad y destacó el «compromiso» de los empresarios con el futuro y la riqueza de Euskadi.

Los partidos políticos y los sindicatos democráticos se manifestaron en el mismo sentido.