Nunca una ausencia motivó semejante expectación. La comisión de Justicia era un hervidero de diputados e informadores por si había sorpresa de última hora. No la hubo, y la treintena de diputados se quedaron compuestos y sin escuchar a Hernando. Las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo han sufrido etapas de tensión en las últimas décadas, pero nunca al extremo de que un presidente del Tribunal Supremo desairara de esta forma a las Cortes. Hernando dio el paso amparado en una serie de consideraciones jurídicas y constitucionales, unas reflexiones que en el fondo escondían el enfrentamiento que mantiene con el Gobierno y la mayoría de grupos parlamentarios por su alineamiento con las posiciones del PP. El presidente de la comisión, Álvaro Cuesta, leyó a los diputados la última respuesta de Hernando, en la que alegó que era «imposible» informar sobre la aplicación de la ley en las penas por terrorismo «sin hacer valoraciones», algo quele «está vedado» por la Constitución.

Negó asimismo que tuviera «el deber» de comparecer ante la comisión ya que el ordenamiento legal limita su relación con los legisladores a las tareas de «información y ayuda». Recordó también que los constituyentes no establecieron «un cauce» para que la máxima autoridad del Poder Judicial rindiera cuentas ante el Legislativo -salvo el de la presentación de la memoria anual- para «preservar» a este poder del Estado del «control político» de los grupos parlamentarios. Por todo ello, concluyó, su deber institucional es «preservar la independencia judicial» y de ahí su «imposibilidad de asistir».

Pulso al Legislativo

El presidente del Supremo puso así punto final al pulso de las últimas semanas con el Congreso. Ante la primera citación, Hernando argumentó que el día fijado, el 8 de marzo, no podía acudir porque tenía un pleno del Consejo General del Poder Judicial. La mesa de la comisión acordó adelantar un día la comparecencia.

Después invocó que la mayoría del Consejo desaconsejó su comparecencia en el Congreso para explicar actos jurisdiccionales, criterio compartido por la Sala de Gobierno del Supremo.

La comisión mantuvo la convocatoria. Por último, envió una carta el 3 de marzo al presidente del Congreso en la que indicó que la sentencia del caso Parot le eximía de dar explicaciones.