El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha decidido hoy prorrogar por dos años más el plazo de prisión provisional para nueve de los imputados por los atentados del 11-M, cuyo segundo aniversario se celebra el próximo sábado, en sendas resoluciones en las que fija el 10 de abril como fecha tope para dictar el auto de procesamiento del caso.

El juez ha acordado esta medida para Jamal Zougam, José Emilio Suárez Trashorras, Rafá Zouhier, Basel Ghalyoun y Hamid Ahmidam, Otman el Gnaoui, Rachid Aglif, Abdelilah el Fadual el Akil y Fouad el Morabit, ante la gravedad de los delitos que les son imputados y de las penas con las que están castigados y el riesgo de fuga y de que vuelvan a delinquir.

En cada uno de los nueve autos, el juez determina los delitos por los que serán procesados estos imputados en un proceso que -recuerda- se ha "dilatado" en el tiempo, ya que van a cumplirse dos años de los atentados, y que tiene una "gran complejidad" y "de especial gravedad en España". En el auto referido a Jamal Zougam, uno de los presuntos autores materiales de los atentados, el magistrado explica que la instrucción que ha llevado a cabo "ha permitido aflorar una estructura ramificada en un marco internacional, con referentes locales en España, pero también en Francia, Bélgica e Italia ".

Esta estructura -agrega el juez- "se ha mostrado muy activa, no sólo en su labor de propaganda radical islamista y en el proselitismo de nuevos adeptos para ser enviados a las zonas en conflicto, como Irak, sino en su capacidad para crear presuntas células terroristas a nivel local europeo destinadas a llevar a cabo acciones terroristas, como los atentados de Madrid". Asegura que las redes se enmarcan "en una estrategia salafista yihadista, sin perjuicio de utilizarse entramados de grupos terroristas (como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí -GICM-) para facilitar el traslado, cobijo y protección de presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas, dando la cobertura necesaria con documentación falsa y dinero para huir del territorio español.

Así sucedió, añade, tras los atentados en Madrid, "en el que varios implicados se dirigieron hacia Francia-Bélgica, hasta ser finalmente perdida su pista". Además, en varios de los autos Del Olmo señala que de este tipo de delincuencia no surge sólo una estrategia terrorista internacional "sino unas tácticas que no se ven limitadas por sentimientos de supervivencia personal", que califica de terrorismo indiscriminado.

Respecto al ex minero Suárez Trashorras, el juez destaca el riesgo de reiteración delictiva debido al entorno "íntimamente relacionado con las redes delincuenciales" en el que éste se movía y rechaza que su situación de "tensión psíquica" alegada por la defensa justifique su puesta en libertad ya que, recuerda, puede ser atendido en la prisión. Asimismo, indica que el ex minero se ha intentado aprovechar de su labor de confidente policial para desarrollar la supuesta acción delictiva.

También prorroga la prisión del confidente Zohuier para asegurar su presencia en el juicio y no acepta sus alegaciones de que colaboraba con la Guardia Civil y de que avisó "de los explosivos que explotaron en el 11-M". El magistrado rechaza el argumento del arraigo en España de la mayoría de los imputados y, por tanto, de que no hay riesgo de fuga, al considerar que "la supuesta integración en la sociedad española no ha sido factor impeditivo de huidas de presuntos implicados en este procedimiento".

En todos los autos, Del Olmo advierte que concretará cada situación personal en el auto de procesamiento que dictará "en plazo breve, en todo caso, con anterioridad al 10 de abril de 2006".