La fiscal Olga Sánchez solicitó esta medida para cuatro de estos nueve detenidos: Fouad el Morabit, Otman el Gnaoui, Abdelilah el Fadual el Akil y Rachid Aglif. Otro tanto hizo ayer con los otros cinco imputados: Jamal Zougam, Emilio Suárez Trashorras, Basel Ghalyoun y Hamid Ahmidam. Esta petición se debe a que, a lo largo del mes de marzo, se cumplirán dos años desde su detención, por lo que la ley establece que debe revisarse su situación ante una posible prórroga.

La representante del Ministerio Público hizo esta petición argumentando la presunta pertenencia de los cinco detenidos a Al Qaida, las pruebas practicadas durante la investigación, las declaraciones de otros acusados y testigos, así como el riesgo de que se fuguen o reincidan en los delitos que se les imputan.

En cuanto a Fouad el Morabit, cuyas huellas se encontraron en la casa que los terroristas tenían en Morata de Tajuña (Madrid), la fiscal justifica su petición alegando que mantuvo conversaciones telefónicas con varios de los islamistas que se inmolaron en Leganés el 3 de abril, así como con otros acusados.

La defensa de este imputado solicitó que no se prorrogue su detención, alegando que dichas llamadas no prueban su conexión con los atentados y que lo único que acreditan son las terminales telefónicas desde las que se realizaron, y no quién las hizo ni su contenido.

Albañil de Morata

La representante del Ministerio Público instó a que el tribunal adoptase la misma medida para Otman el Gnaoui, albañil y fontanero en la casa de Morata de Tajuña, refiriéndose a él como «cooperador necesario» para el transporte de los explosivos, y acusándole de falsificar su pasaporte y otros documentos de identidad, ya que éstos se descubrieron con fotos de Jamal Ahmidan 'El Chino' aunque en ellos aparecía su nombre.

La fiscal también mencionó otras pruebas que constan contra él, entre ellas, inspecciones oculares, muestras de ADN y de huellas, o conversaciones telefónicas.